El máximo tribunal estadounidense consideró que el presidente excedió sus facultades al aplicar gravámenes sin autorización del Congreso, en una decisión que impacta en la política comercial de Washington.
Histórico fallo: la Corte Suprema de EE.UU. frenó los aranceles de Donald Trump. (Foto: IA)
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó los aranceles generalizados impulsados por el presidente Donald Trump, al considerar que excedió sus facultades al aplicar esa política sin la autorización del Congreso. La decisión, adoptada por seis votos contra tres, representa un revés clave para una de las herramientas centrales de la estrategia económica del mandatario y marca un precedente sobre el alcance del poder ejecutivo en situaciones de emergencia.
La sentencia fue redactada por el presidente del tribunal, el juez conservador John Roberts, quien avaló el criterio de una instancia inferior que había declarado inconstitucional la utilización de la ley de emergencia nacional para imponer gravámenes comerciales.
El fallo no sólo bloquea la política arancelaria en cuestión, sino que también refuerza la llamada doctrina de las “cuestiones importantes”, un principio jurídico que exige una autorización clara del Congreso cuando las decisiones del Ejecutivo tienen gran impacto económico o político.
El pronunciamiento de la Corte generó una fuerte repercusión internacional, ya que los aranceles impulsados por Trump formaban parte de una estrategia central en su política exterior y comercial. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano había utilizado los impuestos a las importaciones como herramienta de presión en negociaciones con socios comerciales, lo que derivó en tensiones diplomáticas, conflictos con aliados históricos y volatilidad en los mercados financieros.
Según economistas y analistas internacionales, el fallo podría modificar el rumbo de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, ya que obliga al Gobierno a replantear su política arancelaria. Además, introduce incertidumbre sobre la continuidad de medidas similares que podrían implementarse en el futuro.
La decisión judicial también podría impactar en el comercio mundial, debido a que las sanciones arancelarias afectaban a casi todos los socios comerciales del país, incluyendo a economías clave como China y la Unión Europea. De hecho, varios gobiernos habían expresado preocupación por las consecuencias de estas medidas sobre la estabilidad económica global.
El núcleo de la disputa giró en torno a la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una normativa aprobada en 1977 que habilita al Presidente a regular el comercio en contextos de crisis o amenazas a la seguridad nacional.
Trump se convirtió en el primer mandatario en invocar esa ley para aplicar aranceles generalizados. Su administración argumentó que la dependencia de productos extranjeros representaba un riesgo para la economía estadounidense y justificaba la utilización de la norma.
Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que esa interpretación invadía competencias exclusivas del Congreso. La Constitución de Estados Unidos establece que sólo el Poder Legislativo tiene la facultad de imponer impuestos y aranceles, por lo que el tribunal consideró que el Ejecutivo había excedido sus atribuciones.
En el fallo, Roberts sostuvo que “el Presidente debe contar con una autorización clara del Congreso para justificar una afirmación extraordinaria de poder”, y subrayó que en este caso esa autorización no existía.
Uno de los puntos más relevantes de la sentencia fue la aplicación de la llamada doctrina de las “cuestiones importantes”. Este principio, que ha sido respaldado por jueces conservadores, establece que el Ejecutivo no puede adoptar decisiones de gran impacto económico o político sin un respaldo explícito del Congreso.
En los últimos años, esta doctrina fue utilizada para frenar algunas medidas del expresidente Joe Biden, lo que evidencia su creciente peso en la jurisprudencia estadounidense. Ahora, el mismo criterio se aplicó para limitar el alcance de la política comercial de Trump.
Para especialistas en derecho constitucional, el fallo representa un nuevo capítulo en la disputa sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos, en un contexto donde los presidentes han ampliado progresivamente sus facultades.
La decisión de la Corte Suprema fue resultado de una impugnación presentada por empresas afectadas por los aranceles y por 12 estados, la mayoría gobernados por el Partido Demócrata. Los demandantes argumentaron que la medida provocaba graves perjuicios económicos y generaba incertidumbre en la planificación empresarial.
El tribunal consideró que el uso de la IEEPA para imponer aranceles era un precedente sin antecedentes y podía abrir la puerta a futuras decisiones ejecutivas sin control legislativo.
Según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model, los aranceles cuestionados habían recaudado más de 175.000 millones de dólares, y el fallo abre la posibilidad de que ese dinero deba ser reembolsado, lo que implicaría un fuerte impacto fiscal.
Donald Trump defendió los aranceles como un instrumento clave para proteger la economía estadounidense. Durante sus intervenciones públicas, aseguró que sin esa política el país quedaría expuesto frente a prácticas comerciales desleales.
“Sin nuestros aranceles, el resto del mundo se reiría de nosotros”, afirmó en noviembre ante periodistas, al tiempo que denunció que otras potencias habían utilizado impuestos a las importaciones durante años para beneficiarse a costa de Estados Unidos.
El mandatario también sostuvo que países como China se habían aprovechado del comercio internacional y que los aranceles eran necesarios para equilibrar la balanza.
Sin embargo, el fallo judicial obliga a revisar esa estrategia y plantea interrogantes sobre el futuro de su política económica.
Aunque la sentencia bloquea los gravámenes aplicados bajo la IEEPA, Trump mantiene la posibilidad de utilizar otros instrumentos legales para imponer tarifas comerciales. De hecho, parte de su política arancelaria se basa en normativas diferentes que no están en discusión en este caso.
Aun así, el fallo limita el margen de acción del Ejecutivo y refuerza el rol del Congreso en la definición de la política comercial.
Analistas consideran que el Gobierno deberá negociar con legisladores para avanzar en nuevas medidas, lo que podría modificar el ritmo y la profundidad de la estrategia proteccionista.
Con información de Reuters
