Santiago Peña logró que echen al titular del Banco Central: el escándalo bancario que preocupa a Paraguay

Peña pidió la renuncia de Carvallo y asumió una nueva conducción

A través de un mensaje publicado en X, Peña confirmó que había solicitado la salida del titular del Banco Central. También anunció que había acordado con los presidentes de ambas cámaras del Congreso avanzar con un proyecto de ley vinculado a la crisis.

Carvallo había llegado a la conducción del organismo hacía más de tres años y, antes de ocupar ese puesto, había presidido la Financiera Ueno. Tras su salida, Liana Caballero, integrante del directorio del Banco Central, quedó a cargo de manera interina.

En una conferencia de prensa, la nueva titular explicó que el procedimiento contempla un plazo máximo de 15 días para restituir los fondos a los clientes. También aclaró que, desde la resolución, dejaron de funcionar la aplicación, las tarjetas y los demás servicios de la entidad.

"Si yo le dejo (al cliente) seguir usando la tarjeta de crédito, va a generar (obligaciones) contra alguien que ya no existe, porque el banco ya no existe", sostuvo.

Por qué cerraron Ueno Bank y qué pasará con los ahorros

El Banco Central paraguayo informó que la decisión se tomó por unanimidad, luego de constatar una insuficiencia en el índice de solvencia de Ueno Bank, que se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.

El procedimiento incluye la designación de interventores de la Superintendencia de Bancos y la activación del Fondo de Garantía de Depósitos. Ese mecanismo contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica, equivalente a unos 228,3 millones de guaraníes.

Además, las autoridades anunciaron que el primer desembolso para los depositantes será de hasta 10 millones de guaraníes y que se realizará "en la brevedad".

La situación mantiene en alerta a los clientes que tenían sus ahorros en la entidad, aunque el proceso de devolución se encuentra contemplado dentro de los mecanismos de garantía previstos por el sistema financiero paraguayo.

La preocupación por los fondos de jubilados y organismos públicos

Uno de los puntos que más inquietud generó fue la exposición de distintas instituciones estatales a la crisis bancaria. Según la información difundida, el Instituto de Previsión Social (IPS) tenía invertidos 355 millones de dólares en Ueno Bank. El organismo administra fondos vinculados al sistema previsional y también mantiene cuentas relacionadas con el pago de jubilaciones.

A ese escenario se sumó la situación de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que tenía depositados unos 46 millones de dólares correspondientes a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y de Taiwán, además de otros 36.000 millones de guaraníes de recursos propios, según declaró su presidente, Miguel Báez, al diario ABC Color.

El impacto también llegó a los servicios cotidianos. La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) comunicó que los usuarios que tuvieran débitos automáticos o pagos asociados a Ueno no sufrirían cortes por falta de pago mientras se resuelve la situación.

Por su parte, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay advirtió sobre una posible "semiparalización" del mercado comercial. La entidad señaló que dos de cada tres operaciones electrónicas se realizaban mediante cuentas de Ueno.

El CEO de Ueno Bank se entregó y enfrenta una imputación

La crisis también tuvo consecuencias judiciales. Miguel Vásquez, CEO y uno de los fundadores de Ueno Bank, se presentó ante la Policía en el Departamento de Investigaciones, luego de que se desplegara un operativo en su domicilio.

El ejecutivo fue imputado por el delito de abuso de confianza, junto con otros integrantes de la conducción del banco. La investigación busca determinar las responsabilidades vinculadas con la situación de la entidad.

En paralelo, la oposición trasladó el conflicto al terreno político. Senadores cuestionaron al Gobierno y amenazaron con impulsar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. También acusaron a las autoridades de permitir un presunto perjuicio sobre los recursos del país y los fondos de los jubilados.

En una sesión extraordinaria, la Cámara alta aprobó además un proyecto de ley que establece un límite de hasta 40 salarios mínimos por depositante para los pagos que puedan realizarse en un plazo de 24 horas.