Desde el 18 de octubre, Chile vive un estallido social que no se termina. Son ya 17 días ininterrumpidos con manifestaciones en las calles de Santiago y otras ciudades.
Desde el 18 de octubre, Chile vive un estallido social que no se termina. Son ya 17 días ininterrumpidos con manifestaciones en las calles de Santiago y otras ciudades.
La violencia tampoco cede. En un comunicado oficial, difundido vía Twitter, la Fiscalía General del país trasandino confirmó que oficialmente son 23 los muertos que investiga la Justicia.
El resumen detalla, con sus nombres y apellidos, que hay cinco personas fallecidas por acción de agentes del Estado.
Es por eso que el titular del INDH, (Instituto Nacional de Derechos Humanos) modificó sus declaraciones a poco de llegar la delegación enviada por Michelle Bachelet en nombre de Naciones Unidas.
Sergio Micco, director de ese organismo, había negado que los abusos de la represión respondieran a un plan sistemático de los uniformados en el estado de excepción.
Ahora dijo que "estamos frente a violaciones graves a los derechos humanos... Lo que hemos señalado como INDH es que no estamos en condiciones hoy de afirmar que existe esta sistematicidad, pero tampoco es oportuno descartarlo".
Es por eso que la manera en que actúan las fuerzas de seguridad y los militares, en las calles de Chile, desde el 18 de octubre, es un claro problema para el presidente de la república.
En una entrevista a la BBC, Sebastián Piñera reconoció que "si eso sucedió, puedo garantizar que será investigado y procesado por nuestro sistema tradicional. No habrá impunidad”.
En esa entrevista, el mandatario chileno reconoció otros temas prioritarios para la sociedad. El gran objetivo es reducir la desigualdad, que pese a las mejoras de la macroeconomía aún se mantienen en ese país.
Y en las marchas se repiten, cada vez con mayor frecuencia, el pedido de una reforma constitucional para consagrar nuevos derechos sociales, ausentes en el texto que dejó la salida de la dictadura de Augusto Pinochet.
Lo mismo reclaman casi la totalidad de los partidos políticos de la oposición: un referéndum para que la ciudadanía defina la necesidad de la reforma.
Por eso, Piñera, le reconoció a la televisión inglesa que “vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la constitución”. Pero antes, para el presidente, es indispensable que la protesta abandone las calles de Chile.
Finalmente, el grado de convulsión social ya afecta la propia figura presidencial en su rol institucional. Piñera está en el nivel de aceptación más bajo para un presidente desde el retorno de la democracia, en 1990.
No son pocos los que piden su renuncia, no solo durante las marchas. Su segunda presidencia se inició el 11 de marzo de 2018. Tras 20 meses de gestión, su figura está severamente desgastada.
Mientras la protesta social se mantiene, Piñera le aseguró a la BBC: "Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos”.
Eso es lo que se juega el Piñera. Si realmente cumple con su deber y compromiso con todos los chilenos.
