El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a avanzar contra la ciudadanía por nacimiento, uno de los pilares históricos de la legislación migratoria del país, pese al duro revés que sufrió semanas atrás en la Corte Suprema.
Las nuevas medidas del presidente de EE.UU. apuntan al denominado “turismo de parto” y amplían las categorías de extranjeros cuyos hijos podrían quedar excluidos de la ciudadanía automática.
Trump firmó nuevos decretos contra la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. (Foto: archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a avanzar contra la ciudadanía por nacimiento, uno de los pilares históricos de la legislación migratoria del país, pese al duro revés que sufrió semanas atrás en la Corte Suprema.
El jueves, el mandatario firmó dos nuevas órdenes ejecutivas con las que intenta restringir el acceso automático a la ciudadanía estadounidense. A diferencia de su decreto anterior, que había buscado limitar de forma amplia ese derecho para los hijos de inmigrantes indocumentados o con residencia temporal, la nueva estrategia apunta a casos más específicos.
Uno de los decretos tiene como objetivo combatir el llamado “turismo de parto”, es decir, el ingreso de mujeres embarazadas a Estados Unidos con la intención principal de dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.
El segundo amplía las categorías de personas que el Gobierno considera fuera del alcance de la ciudadanía automática, incluyendo determinados “extranjeros enemigos”, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y algunas personas que actúan o hacen lobby en nombre de gobiernos extranjeros.
Trump volvió a cuestionar el fallo de la Corte Suprema que, el pasado 30 de junio, rechazó su ofensiva anterior. “Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”, afirmó durante la firma de las nuevas órdenes.
El mandatario sostuvo que las medidas fueron reformuladas para respetar los límites señalados por el máximo tribunal y aseguró que el objetivo es evitar abusos del sistema migratorio.
La administración republicana considera que el nuevo enfoque se concentra en las excepciones históricas al principio de ciudadanía por nacimiento y, por lo tanto, podría superar un eventual examen constitucional. Esa interpretación, sin embargo, ya es cuestionada por especialistas y organizaciones de derechos civiles.
El centro de la discusión está en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1868. La cláusula establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas del país y del Estado donde residan.
En junio, la Corte Suprema volvió a sostener que esta protección alcanza, en términos generales, a los niños nacidos en territorio estadounidense aunque sus padres estén temporalmente en el país o no tengan autorización migratoria.
El fallo representó una derrota directa para una de las primeras medidas migratorias firmadas por Trump tras regresar a la Casa Blanca. Aquel decreto de enero de 2025 ordenaba que las agencias federales no reconocieran como ciudadanos a determinados niños nacidos en Estados Unidos cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano o residente permanente legal.
La Casa Blanca sostiene que existen redes organizadas que ofrecen paquetes a mujeres extranjeras para viajar a Estados Unidos durante los últimos meses del embarazo, alojarse, dar a luz y regresar posteriormente a sus países con un hijo ciudadano estadounidense.
Trump considera que esa práctica convierte la ciudadanía en una especie de beneficio comercial y sostiene que constituye un abuso de las normas migratorias.
El nuevo decreto instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a endurecer los criterios para conceder visas o autorizar el ingreso de extranjeros cuando existan indicios de que el objetivo principal del viaje sea dar a luz en Estados Unidos.
Sin embargo, el llamado turismo de parto representa una porción relativamente reducida del total de nacimientos estadounidenses. La Associated Press citó estimaciones del Migration Policy Institute que lo ubican alrededor de 26.000 nacimientos anuales sobre un total cercano a 3,5 millones.
La ciudadanía por nacimiento no es absoluta. La jurisprudencia estadounidense reconoce desde hace décadas algunas excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros, que no están plenamente sujetos a la jurisdicción estadounidense.
También existen referencias históricas a los hijos de fuerzas enemigas nacidos durante una ocupación hostil del territorio.
La estrategia de la administración Trump consiste ahora en ensanchar esas excepciones, intentando incluir nuevas categorías sin volver a desafiar frontalmente la regla general respaldada por la Corte.
El fallo de junio confirmó por mayoría que la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda protege la ciudadanía de prácticamente todas las personas nacidas en suelo estadounidense.
El presidente de la Corte, John Roberts, destacó que la ciudadanía constituye el fundamento del acceso a los derechos políticos y civiles y defendió la protección establecida tras la Guerra Civil.
Trump había anunciado inicialmente que solicitaría al máximo tribunal reconsiderar la sentencia, pero finalmente dejó vencer el plazo para presentar formalmente ese pedido.
La Casa Blanca optó entonces por una estrategia diferente: emitir decretos más acotados y obligar eventualmente a los tribunales a definir hasta dónde pueden extenderse las excepciones.
