Fuentes ligadas a la justicia y los tribunales de Comodoro Py mantuvieron opiniones divergentes, ante las consultas de A24.com.
En el juicio oral por presunta corrupción en la obra vial de Santa Cruz, esta semana declararán como testigos el ex ministro de economía, Roberto Lavagna, y el actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. A último momento el fiscal federal Diego Luciani desistió de su testigo Miriam Quiroga, ex Directora de Documentación Presidencial en Casa Rosada durante el gobierno de Nestor Kirchner.
El lunes será el turno de Espinoza, quien ya presentó un escrito con su agenda de actividades en el Municipio, a través del cual solicitó participar por videoconferencia para poder cumplir con todos sus compromisos. Es un testigo propuesto por la defensa del ex subsecretario de coordinación de la Obra Pública, Carlos Kirchner, para demostrar que su tarea no era otorgar concesiones de obra, sino que se mantenía en contacto con los intendentes para escuchar las necesidades de proyectos en sus territorios.
Por su parte, el martes declarará Roberto Lavagna y uno de los síndicos de la quiebra del grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.
Lavagna fue citado en varias causas de corrupción por haber estado a cargo del Ministerio de Hacienda cuando se realizaron algunas contrataciones sospechosas, y a propósito de una frase que él mismo pronunció sobre la existencia de “un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica". De todos modos, hasta ahora nunca ofreció precisiones que permitieran tipificar algún delito.
A todo esto, está previsto que sean convocados como testigos los ex jefes de gabinete de la gestión kirchnerista, aunque por pedido de la defensa de Cristina, el TOF2 determinó que los llamaran cuando regresen a las audiencias presenciales.
Esa lista la integran el actual presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara Baja Sergio Massa, el ministro de seguridad Aníbal Fernández, el gobernador del Chaco Jorge Capitanich, y Juan Manuel Abal Medina.
En Vialidad se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Según la acusación esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos.
Con el cierre de las causas Los Sauces y Hotesur, Dolar Futuro y Memorándum con Irán, sólo quedan dos procesos contra Cristina Fernández en etapa de juicio oral.
Desde hace dos años y medio el caso Vialidad es el único que tramita en audiencias ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). En tanto, el TOF 7 tiene asignada Cuadernos, que fue elevada en septiembre del 2019, sin que hasta ahora se haya fijado fecha para iniciar las sesiones.
Este último expediente está basado en las anotaciones del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, que permitió exponer un supuesto circuito de sobornos con la declaración de más de 30 arrepentidos.
Lo cierto, es que en el fallo de más de 370 fojas que el viernes pasado sobreseyó a todos los procesados en Los Sauces y Hotesur, los jueces se refieren al delito que precede al supuesto lavado de activos, que dicen que en realidad es inexistente: “más allá de si existió, o no, la comisión de delitos precedentes –cuestiones que están siendo juzgadas en otras sedes-, las presuntas maniobras imputadas en las causas nº 3732/16 –“LOS SAUCES”- y nº 11.352/14 –“HOTESUR”- resultan atípicas del delito de lavado de activos, correspondiendo, por lo tanto, los sobreseimientos respectivos.”
Precisamente los hechos que se analizan en Vialidad podrían ser evaluados como delitos precedentes, entonces surgen discrepancias acerca de si con el fallo del viernes no se derrumba toda posible trama criminal.
Según pudo averiguar A24.com entre los abogados de los sospechosos por la supuesta corrupción en Santa Cruz hay optimismo porque creen que la resolución del TOF 5 los beneficia, incluso en la investigación por la ruta del dinero.
Los jueces Obligado y Grünberg cuestionaron las conclusiones del Ministerio Público Fiscal (MPF), señalando que se habían examinado conductas del año 2008, cuando no estaba penado el denominado “autolavado” porque regía una ley más benigna.
En este sentido, los consultados remarcaron que llegado el caso, sus defendidos podrían ampararse en el artículo 2 del Código Penal que establece que “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.
Desde el MPF rechazan que el fallo del TOF 5 favorezca a los procesados en otros expedientes relacionados.
Finalmente, fuentes ligadas al Tribunal mantuvieron opiniones divergentes.
En algún caso sostuvieron que así como está planteado el dictamen puede mejorar la situación de Cristina Fernández, Lázaro Baez, Julio Devido y el resto de los procesados en Vialidad, mientras que la mayoría desestimó que un juicio logre influir sobre el otro, porque los criterios pueden ser diferentes, y porque tampoco está firme la decisión que sobreseyó a todos los imputados en Los Sauces y Hotesur.
