Se conocieron los fundamentos del Tribunal Oral 25 porteño sobre los efectivos de la Policía de la Ciudad por el asesinato de Lucas González y la tentantiva del crimen de sus tres amigos ocurrido en el 2021 en Barracas.
Según los jueces, los detenidos ejerciericeron discriminación sobre el joven aseisanado y sus padres. (Foto: archivo)
Se conocieron los fundamentos del Tribunal Oral 25 porteño sobre los efectivos de la Policía de la Ciudad por el asesinato de Lucas González y la tentantiva del crimen de sus tres amigos ocurrido en el 2021 en Barracas.
El mismo consideró que tanto los cuatro jóvenes como sus padres fueron víctimas de violencia institucional, al determinar que los acusados incurrieron en prácticas policiales discriminatorias y detenciones arbitrarias de personas "marronas".
Los jueces consideraron víctimas de violencia institucional a los damnificados Lucas Santiago González, Julián Alejandro Salas, Joaquín Zúñiga Gómez y Niven Huanca Garnica, como así también a sus padres Cintia Yanina López, Mario Héctor González, Yanet Soledad Miqueo, Javier Alejandro Salas, Ricardo Zuñiga Gómez, Andrea Julieta Gómez, Tom Telmo Huanca Rodríguez y Carmen Elida Garnica Cáceres.
Los magistrados hicieron referencia al colectivo de personas "marronas", quienes "deben soportar controles policiales constantes y detenciones arbitrarias, irracionales por imprevisibles o desproporcionadas, o ilegales contrarias a la ley con motivo de la raza a que se les adjudica pertenecer, por los rasgos físicos que presentan, más allá del mayor o menor grado de acierto de esa atribución, lo que resulta irrelevante".
El calificativo de personas "marronas" fue adoptado por los jueces al hacer referencia al Colectivo Identidad Marrón, que publicó el libro "Marrones escriben. Perspectivas antirracistas desde el sur global" en el año 2021.
"Llama la atención sobre la discriminación que sufren por parte de las distintas fuerzas de seguridad, locales y federales, muchos conciudadanos por el color de su piel marrón y por sus rasgos físicos, que se corresponderían con los propios de los pueblos indígenas", explicaron.
"En el caso que nos ocupa es claro que el accionar de los policías imputados se ajustó a esa definición que se considera acertada. Ejecutaron a Lucas e intentaron hacerlo con Julián, Joaquín y Niven", finalizaron los jueces, quienes agregaron que "las conductas de los enjuiciados han comprometido seriamente la responsabilidad del Estado".
"Los oficiales que resultan aquí condenados integran una fuerza policial y como tales, por su rol en la sociedad, debían garantizar los derechos de los niños, especialmente el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a no ser objeto de violencia", sentenciaron.
