En las últimas horas se difundió una imagen de una mujer que vive en situación de calle en Paraguay y que fue vinculada al caso Marita Verón.
Marita Verón se encuentra desaparecida desde abril de 2002.
Luego de que Susana Trimarco revelara en las últimas horas que recibió un llamado desde Paraguay respecto de una mujer en situación de calle que podría ser Marita Verón, su hija desaparecida en abril de 2002 en el marco de una red delictiva de trata de personas, se divulgó una fotografía de la persona en cuestión.
"Anoche no pude dormir. Me mandaron una foto que no la quiero mostrar porque es horrorosa la situación de esa mujer que, para mí como madre, es un puñal en el pecho", indicó Trimarco en diálogo con El Avispero, antes de que se difundiera la imagen de la mujer que, según vecinos de la localidad de Capiatá, vive en una especie de rancho tapado con lona en el barrio San Ramón, a la altura del ex kilómetro 18 de la Ruta PY02.
Algunas de esas personas circularon la versión de que la mujer en cuestión se hacía llamar “Doña Eva”, que tenía 39 años y que hasta hace un tiempo se encontraba indocumentada, lo cual le impedía acceder a prestaciones del Estado. Según informó Infobae, tras consultar al portal local Capiatá Press, se logró recientemente que le hicieran un documento, que se expidió el pasado 21 de octubre.
En esa documentación consta que se llama Eva M. y que nació el 3 de junio de 1955 (dato diferente al de la edad que le adjudicaban) en San Pedro del Paraná, un distrito paraguayo ubicado en el departamento de Itapúa.
"Se están haciendo los trámites pertinentes a los fines de poder, en primer lugar, tomar contacto con el Ministerio Público Fiscal de Paraguay para que se puedan aunar esfuerzos y dar con el paradero de esa mujer y hacer las pruebas pertinentes", indicaron fuentes del caso.
El 3 de abril de 2002, María de los Ángeles “Marita” Verón salió de la casa de su madre en la ciudad de Tucumán rumbo a la Maternidad Nuestra Señora de la Merced, donde debía realizarse un control médico. Nunca llegó a destino. Tenía 23 años y una hija de apenas tres. Desde entonces, su madre, Susana Trimarco, emprendió una incansable búsqueda que reveló la existencia de una compleja red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en distintas provincias del país.
A lo largo de los años, la Justicia determinó que la joven había sido secuestrada y llevada a la provincia de La Rioja, donde fue obligada a prostituirse en varios locales nocturnos. Distintos testimonios, entre ellos el de una mujer tucumana vinculada a la organización, ayudaron a confirmar que se trataba de una red criminal que captaba y trasladaba mujeres para su explotación dentro y fuera de la Argentina.
El juicio por la desaparición de Marita se desarrolló en 2012, una década después de su secuestro. A pesar de las pruebas y los testimonios, el tribunal absolvió a los 13 imputados, lo que generó una fuerte indignación social. La presión pública y las gestiones impulsadas por Trimarco derivaron en que, un año más tarde, la Corte Suprema de Tucumán revisara parcialmente la resolución y dispusiera que diez de los acusados fueran condenados. En abril de 2014, un nuevo fallo estableció penas de entre 10 y 22 años de prisión. La decisión fue ratificada en 2017, cuando la Sala II de la Cámara Penal dejó firme la sentencia y ordenó la detención inmediata de los condenados, que comenzaron entonces a cumplir sus penas.
Daniela Milhein: condenada a 18 años de prisión por haber mantenido a Marita cautiva en Tucumán.
Alejandro González: recibió la misma pena y fue considerado coautor del delito de retención y ocultamiento con fines de prostitución.
José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez: sentenciados a 22 años cada uno por participar en la retención y explotación de la víctima.
Domingo Andrada, ex policía acusado de reclutar mujeres para prostíbulos, recibió una pena de 17 años.
Carlos Alberto Luna, señalado como administrador de prostíbulos en La Rioja, también fue condenado a 17 años.
Azucena Márquez, involucrada en la gestión de esos locales, fue penada con 15 años.
Humberto Derobertis, dueño del prostíbulo El Desafío, donde habría estado retenida Marita, recibió una condena de 12 años.
Paola Gaitán, acusada de encubrir y ocultar a víctimas de la red, fue sentenciada a 10 años.
Mariana Bustos, quien participó en la retención de la joven en La Rioja, también recibió 10 años de prisión.