La fiscalía que investiga las muertes e intoxicaciones por consumo de cocaína adulterada en el Conurbano planteó la incompetencia en la causa y pidió girar el expediente a la justicia federal, con el argumento de que se afectó a la salud pública y que ese fuero tiene más recursos para desarticular toda la organización.
El planteo fue presentado ante el juez Mariano Grammatico Mazzari por el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín.
En el dictamen, el fiscal argumenta que “la pluraridad de intervinientes de al menos seis personas con desarrollo de distintos roles dentro la organización delictiva, como ser vendedores, custodios que ofician de ‘seguridad’, los denominados ‘satélites’ que alertan la presencia policial, los encargados de la guarda y ocultamiento de gran cantidad de droga fraccionada en nylon termosellado (más de 3.700 entre ambos lugares); dan cuenta de una organización compleja”.
Martínez describe una “estructura articulada y con eslabones superiores que participaron en la elaboración, estiramiento y/o adulteración, fraccionamiento, distribución y venta del material estupefaciente altamente nocivo, la cual va más allá del último eslabón de la cadena del narcotráfico” que, según la Ley de Drogas, es el único estadio donde puede intervenir la justicia ordinaria.
Definió a la droga que la banda comercializaba en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero como un “arma letal” y sostuvo que “la investigación de los homicidios cometidos no pueden escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737”.
El juez ya le corrió vista a las defensas de los seis imputados detenidos en este expediente para que brinden su opinión, y luego definirá si coincide con el planteo y envía el expediente por las muertes e intoxicaciones a los juzgados federales de Morón o Tres de Febrero, que ya tenían otras causas que pueden estar ligadas a la misma organización criminal.
