Mientras la mayoría de los vecinos celebraba la Navidad en familia, un subinspector de la Policía de Santa Fe aprovechó su cargo y la custodia de un móvil oficial para cometer un delito que derivó en su expulsión de la fuerza y una condena penal.
Un subinspector de la Policía fue sancionado con prisión condicional, una multa económica y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De custodiar un patrullero, a robarlo: la insólita historia de un policía que terminó condenado. (Foto: archivo)
Mientras la mayoría de los vecinos celebraba la Navidad en familia, un subinspector de la Policía de Santa Fe aprovechó su cargo y la custodia de un móvil oficial para cometer un delito que derivó en su expulsión de la fuerza y una condena penal.
El protagonista es José Nicolás López, de 40 años, quien hasta hace pocas semanas se desempeñaba en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI. Hoy, su nombre quedó asociado a un caso tan insólito como grave: robó las cuatro cubiertas de un patrullero policial y las vendió para saldar una deuda personal de 400.000 pesos.
La maniobra se ejecutó entre el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre, en pleno receso festivo. El móvil policial permanecía estacionado dentro de la dependencia y estaba bajo la responsabilidad directa del propio López, una circunstancia clave que facilitó el accionar sin levantar sospechas inmediatas.
El robo no fue advertido de inmediato. Recién días después, cuando el patrullero debía ser utilizado, se constató que le faltaban las cuatro cubiertas. La escena era tan llamativa como inexplicable: un móvil oficial completamente inutilizado dentro de una comisaría.
La situación derivó en una rápida comunicación interna y, casi de inmediato, la apertura de una investigación penal. El caso quedó en manos del fiscal Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien comenzó a reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios, registros tecnológicos y cámaras de seguridad.
Según la hipótesis fiscal, López se apoderó de las cubiertas aprovechando su función pública, las retiró del vehículo oficial y luego las vendió como si fueran de su propiedad. Con el dinero obtenido, canceló una deuda personal que mantenía con el comprador, quien inicialmente desconocía el origen ilícito de los neumáticos.
Lejos de tratarse de un hecho aislado o de difícil comprobación, la investigación avanzó con rapidez. El fiscal Hernández explicó que se analizaron los registros del GPS del patrullero, que permitieron verificar que el vehículo no había salido de la dependencia durante el período en cuestión, descartando así cualquier otra hipótesis.
A esto se sumaron imágenes de cámaras de seguridad, tanto internas como externas, y declaraciones testimoniales de personal policial y civiles que permitieron cerrar el círculo probatorio.
Pero el expediente sumó un agravante: cuando López advirtió que la investigación avanzaba en su contra, intentó entorpecerla.
De acuerdo con la acusación, el subinspector amedrentó al comprador de las cubiertas para que las ocultara y evitara denunciar el hecho. El objetivo era claro: ganar tiempo y evitar consecuencias penales.
Sin embargo, la estrategia no funcionó. Lejos de colaborar con el encubrimiento, el comprador terminó aportando información clave a la causa, lo que fortaleció aún más la imputación.
El intento de intimidación no solo agravó la situación procesal de López, sino que quedó incorporado como parte de la maniobra para obstaculizar la investigación judicial.
Con las pruebas reunidas, López fue detenido el lunes pasado al mediodía, durante un operativo policial realizado en San Justo. Horas después, asistido por sus abogados, aceptó la responsabilidad penal y prestó conformidad para avanzar con un juicio abreviado, una modalidad que permite reducir los tiempos del proceso a cambio del reconocimiento de los hechos.
Ante el juez Pablo Ruiz Staiger, el ex subinspector admitió haber sido autor de los delitos de peculado y estelionato, ambos agravados por haber sido cometidos con fines de lucro y en el ejercicio de la función pública.
La sentencia fue contundente. López fue condenado a tres años de prisión condicional, lo que implica que no irá a una cárcel común, pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta.
Además, el fallo dispuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; expulsión definitiva de la Policía de Santa Fe; multa económica de 90.000 pesos, el máximo previsto por la ley penal; prohibición de portar armas de fuego durante tres años: y prohibición de acercarse o contactar a los testigos del caso.
Para la Justicia, la gravedad del hecho no radicó solo en el valor material del robo, sino en la traición a la confianza pública y el uso indebido de recursos estatales destinados a la seguridad.
