La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva de Agostina Páez, tras conocer la decisión la abogada argentina publicó un video en redes sociales para dar su versión.
La Justicia de Río de Janeiro dispuso este jueves la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de haber realizado gestos racistas contra un empleado de un bar del barrio de Ipanema, en un episodio ocurrido el pasado 14 de enero.
Luego de conocerse la decisión judicial, la letrada de 29 años publicó un video en su cuenta de TikTok en el que manifestó su angustia por la situación que atraviesa. “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, expresó.
En la grabación, Páez aseguró que siempre colaboró con la investigación y cuestionó el fundamento de la medida. “Recibí la notificación de que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, afirmó.
El hecho se produjo cuando la joven se encontraba con un grupo de amigas y mantuvo una discusión con el personal del bar al momento de pagar la cuenta. Según la acusación, durante el intercambio realizó gestos simulando un mono y profirió expresiones ofensivas hacia los trabajadores, consideradas como racistas.
La abogada reconoció que su comportamiento fue inapropiado, aunque sostuvo que reaccionó tras sentirse agredida por empleados del local, quienes —según su versión— se burlaban de ella y sus acompañantes mientras "se agarraban los genitales".
El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro hizo lugar al pedido del Ministerio Público, que solicitó la prisión preventiva por considerar que la imputada, acusada por injuria racial, podría intimidar a testigos y víctimas, además de existir riesgo de fuga.
En la resolución judicial se remarcó que mantenerla en libertad “generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal”, ya que podría interferir en la obtención de testimonios, y que la posibilidad de que abandone el país afectaría el esclarecimiento del caso.
Los fiscales también destacaron que una de las mujeres que acompañaba a Páez intentó frenar su conducta, y que las declaraciones de las víctimas fueron respaldadas por testigos y registros de cámaras de seguridad.
La denuncia sostiene, además, que la abogada continuó con insultos racistas incluso después de salir del bar y que, pese a ser advertida de que ese comportamiento constituye un delito en Brasil, volvió a llamar “mono” a una empleada y a repetir los gestos.
La Policía Civil dio por concluida la investigación el 23 de enero al considerar que existen pruebas suficientes para avanzar contra la acusada. Los fiscales señalaron que los hechos “excedieron cualquier discusión circunstancial y configuraron conductas discriminatorias directas contra las víctimas”.
Páez había viajado a Río de Janeiro de vacaciones y debía regresar a la Argentina hace aproximadamente tres semanas. Sin embargo, la denuncia en su contra derivó en la prohibición de salida del país y en la imposición de medidas restrictivas.
Desde entonces, se encuentra alojada en un departamento que debe costear por su cuenta, acompañada por su hermana y amigas que viajaron para asistirla.
“Ahora está en un lugar más seguro. El departamento lo paga ella y todo corre por su cuenta; esa es la situación grave. No sabemos hasta cuándo va a poder soportar el tema económico porque no es una chica pudiente como pintan. Estamos lidiando con eso para que sea lo más rápido posible, pero evidentemente viene para rato”, relató su abogado, Sebastián Robles.
Imputada por el delito de “injuria racial”, la joven utiliza una tobillera electrónica para controlar que no se acerque a las fronteras, aunque no tiene prohibido circular por la ciudad de Río de Janeiro. Además, ya le fue devuelto su DNI, que había sido retenido en un primer momento.
En paralelo, la defensa presentó un habeas corpus para solicitar que se le autorice regresar a la Argentina y continuar el proceso desde su país.
“No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos que están haciendo y del principio de inocencia”, sostuvo el letrado, quien espera una respuesta judicial en los próximos días.
