Una nena wichí, embarazada producto de un abuso, se encadenó en la Ciudad Judicial de Tartagal por una confusión.
El drama de una nena de 12 años embarazada que la convenció de encadenarse al edificio de Justicia de Tartagal.
La ciudad de Tartagal quedó envuelta en la angustia y el desconcierto. Una nena wichí de 12 años, embarazada de cinco meses como consecuencia de un abuso sexual, decidió encadenarse en la Ciudad Judicial porque creyó que la Justicia intentaría obligarla a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad. La escena movilizó a funcionarios, referentes comunitarios, especialistas de salud y todo el sistema judicial local.
La menor no estaba sola: su madre y la referente wichí Marcela Calermo acompañaron su protesta. Lo que en realidad debía ser una audiencia para su declaración testimonial -resguardada mediante Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)- se transformó en un momento crítico, en el que la mala comunicación y el miedo derivaron en una medida desesperada.
El origen del conflicto fue la notificación judicial. La nena debía declarar en la causa que investiga el abuso sexual que sufrió, cuyo principal acusado es un joven de 19 años, actualmente con pedido de detención bajo el delito de abuso sexual con acceso carnal. La niña, que vive en una zona rural alejada, interpretó que la citación tenía como objetivo forzar una interrupción del embarazo, algo que ella rechaza.
Esa confusión la llevó a encadenarse en la entrada del edificio judicial, en un acto de defensa que conmovió incluso a quienes intervinieron en la escena. Allí permaneció hasta que una profesional del Ministerio Público, una psicóloga especializada en intervenciones con menores, se acercó para dialogar con ella.
Fue entonces cuando se activó el protocolo de acompañamiento: asistencia psicológica inmediata, contención a la familia y la presencia de un intérprete wichí para garantizar una comunicación clara y respetuosa de su identidad cultural.
A partir de esa intervención, la situación se aclaró: nadie podía obligarla a interrumpir el embarazo. Su presencia había sido requerida exclusivamente para testificar bajo modalidad protegida. La menor aceptó entonces brindar su testimonio, y la audiencia avanzó sin nuevos incidentes.
La investigación penal se inició tras la denuncia presentada por la Fiscalía Penal de Violencia de Género del distrito Norte. El hecho ocurrió en un paraje habitado por familias wichí y puso nuevamente en foco la vulnerabilidad estructural de las niñas originarias, muchas veces expuestas a violencia sexual, falta de acceso a la salud y profundas desigualdades territoriales.
El Juzgado de Garantías N.º 2 ordenó detener al joven acusado y su búsqueda continúa. Mientras tanto, el Asesor de Incapaces intervino formalmente para solicitar medidas de resguardo físico y psicológico para la niña, así como información detallada sobre el riesgo obstétrico que enfrenta.
La nena fue diagnosticada con embarazo durante un operativo sanitario rural. La médica que la atendió, Patricia Leal, directora de Materno e Infancia de Salta, confirmó que la niña recibió acompañamiento desde la semana 8 de gestación, mucho antes de que el caso tomara estado público.
Según la profesional, la paciente y su familia fueron informadas de todas las opciones legales, incluida la interrupción del embarazo, pero la niña manifestó claramente su decisión de continuar. “Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación”, explicó Leal.
La gestación, actualmente entre las 16 y 20 semanas, es considerada de alto riesgo por la corta edad de la paciente. La niña ya fue internada para estudios completos, recibió tratamiento para un cuadro de anemia y cuenta con un seguimiento permanente de equipos de tocoginecología, psicología, servicio social y nutrición.
También mantiene su esquema de controles actualizado en el hospital de Tartagal.
El Ministerio de Salud difundió un informe oficial que respalda esta información y detalla cada consulta, estudio y acompañamiento brindado desde octubre.
