Durante una nueva audiencia del juicio, los investigadores expusieron la secuencia que, según sostienen, permitió sacar al nene de 5 años del entorno familiar y desplegar luego una serie de maniobras para desviar la pesquisa.
La fiscalía detalló cómo habría sido la desaparición de Loan y cuál fue el rol que le atribuye a cada acusado
La fiscalía volvió a exponer este miércoles, en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la hipótesis que sostiene desde el inicio de la causa: el nene de 5 años no se perdió en el paraje Algarrobal de Corrientes, sino que fue sustraído en un operativo organizado en el que participaron personas de su entorno y que luego fue seguido por distintas maniobras de encubrimiento.
Según el Ministerio Público Fiscal, cada uno de los imputados tuvo una función específica dentro de una secuencia que comenzó en el naranjal y continuó con el traslado del chico fuera del lugar.
Por su parte, el TOF tomó la decisión de suspender la audiencia y retomar el juicio con la apertura del debate el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. La razón es que uno de los imputados, Esteban Rossi Colombo, no se había presentado a la primera audiencia. Fue declarado en rebeldía y ordenada su detención.
Para los fiscales, Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña tuvieron un papel determinante al alejar a Loan del cuidado de su padre, José Peña. La acusación sostiene que llevaron al niño junto con otros menores hasta un naranjal, ubicado a varios minutos de la vivienda de la abuela Catalina y fuera del alcance visual de los adultos.
La fiscalía entiende que ese desplazamiento fue una acción coordinada para aislar al chico y facilitar su desaparición.
Benítez aparece como uno de los principales comprometidos. Los investigadores remarcaron que fue uno de los últimos adultos en verlo y señalaron contradicciones en sus declaraciones, además de movimientos y comunicaciones posteriores que consideran indicios de participación directa.
En el caso de Laudelina Peña, la acusación sostiene que también habría convencido a una de las mujeres presentes para que regresara a la vivienda, dejando a los niños bajo el control exclusivo del grupo.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Carlos Pérez y María Victoria Caillava permanecían en la casa de Catalina cuando Loan fue llevado al naranjal. Sin embargo, sostienen que fueron ellos quienes retiraron al menor del lugar en la camioneta Ford Ranger blanca.
Uno de los elementos destacados por la acusación es el hallazgo de rastros aromáticos compatibles con el niño en el vehículo, lo que para los investigadores refuerza la hipótesis de que allí se concretó el traslado.
La fiscalía también apuntó contra el ex comisario Walter Maciel, acusado de haber participado en el encubrimiento posterior. Según los fiscales, utilizó su cargo para obstaculizar la investigación desde las primeras horas, construyendo una escena orientada a instalar la hipótesis de que Loan se había perdido en el monte.
En ese contexto, interpretan el hallazgo del botín del menor como parte de una maniobra destinada a reforzar esa versión. Además, remarcaron que los operativos con perros no lograron establecer una trayectoria compatible con un extravío.
Laudelina Peña volvió a aparecer en esta etapa de la reconstrucción. Los investigadores remarcaron las comunicaciones que mantuvo con Benítez y recordaron que inicialmente impulsó la versión de un supuesto accidente con la camioneta de Pérez y Caillava, hipótesis que luego ella misma descartó.
En paralelo, los investigadores describieron la existencia de un segundo grupo de imputados, acusados de entorpecer la causa. Elizabeth Cutaia y Alan Cañete fueron identificados como referentes de una organización que, según la acusación, operó bajo la fachada de la Fundación Dupuy.
Junto con Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Leonardo Rubio, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni y Valeria López, habrían retenido a menores y testigos en el hotel Despertar del Iberá, manipulado declaraciones e intentado instalar hipótesis alternativas, entre ellas la de un supuesto ajuste narco, con el objetivo de desviar la investigación.
La acusación también les atribuye maniobras irregulares para obtener dinero del municipio de 9 de Julio mediante facturación por servicios realizados por personas sin título habilitante.
Por su parte, el psicólogo Esteban Rossi Colombo está imputado por falso testimonio y por la difusión de información sensible relacionada con menores de edad.
Con esta reconstrucción, la fiscalía sostiene que Loan fue sustraído por personas de su círculo de confianza, retirado del lugar con apoyo logístico y posteriormente ocultado mediante acciones coordinadas, a las que se sumaron otras maniobras destinadas a alterar el curso de la investigación.