Este tipo de declaraciones pone en evidencia una problemática estructural que trasciende el caso. No se trata solo de una tragedia familiar: se trata de una cadena de responsabilidades institucionales que, una vez más, parecen haber fallado. Las víctimas habían denunciado, habían pedido ayuda y habían manifestado su miedo. La respuesta estatal no fue suficiente.
Laura también fue contundente al afirmar que no tiene sentido quedarse en los “hubiera”. “Pensar en lo que se podría haber hecho no tiene sentido porque no las vas a revivir”, expresó con crudeza. Sin embargo, aclaró que el foco debe estar en que “él pague por lo que hizo”. Su deseo no es solo personal: representa el grito de miles de familiares de víctimas que luchan para que los femicidios no queden impunes y para que los agresores reciban condenas ejemplares.
Otro aspecto que reveló Laura tiene que ver con la protección de Pedro, el pequeño hijo de Luna, que quedó huérfano tras el asesinato de su madre y su abuela. La hermana de la víctima expresó que la principal preocupación de Luna siempre fue la seguridad de su hijo. “Ella quería proteger a su hijo ante todo. Su miedo más grande era que le hiciera daño a él”, dijo en diálogo con El Doce TV, reflejando el instinto de una madre que, incluso en medio del terror, priorizaba la integridad de su niño.
La situación de Pedro es ahora un tema judicial y familiar delicado. Laura explicó que toda la familia está a la espera de una resolución por parte de la Justicia para determinar quién asumirá su tutela legal. “Obviamente no queremos que ese sea el destino de Pedrito. Él es nuestra prioridad”, aseguró. La familia espera que el niño no quede bajo la custodia de la abuela paterna, una posibilidad que genera preocupación y debate, dado el vínculo con el femicida.
La historia de Luna y Mariel no es un caso aislado. Cada año, en Argentina, decenas de mujeres denuncian amenazas de sus exparejas y alertan sobre situaciones de peligro. Muchas de ellas, lamentablemente, terminan asesinadas por hombres que ya habían sido denunciados previamente. El caso de Córdoba es otro recordatorio doloroso de que las denuncias, por sí solas, no salvan vidas si no están acompañadas de medidas concretas, rápidas y efectivas.
La conmoción en Córdoba es palpable. Vecinos, colectivos feministas y organizaciones sociales han realizado marchas y manifestaciones frente a tribunales y dependencias estatales para exigir justicia y políticas reales de prevención. Se multiplican los carteles con las fotos de Luna y Mariel, acompañados de frases como “El Estado es responsable” y “Ni una menos”. Cada concentración es también un reclamo colectivo: que no haya más mujeres asesinadas tras haber pedido ayuda.
En medio de este clima de indignación y tristeza, surgen interrogantes que resuenan en toda la sociedad. ¿Por qué las denuncias no fueron suficientes para activar un sistema de protección eficaz? ¿Por qué no se aplicaron con celeridad las medidas preventivas? ¿Qué mecanismos fallaron en la cadena institucional? Estas preguntas no solo apuntan a buscar responsables, sino a impulsar un cambio urgente en la manera en que se abordan los casos de violencia de género.
El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio dejó al descubierto una serie de falencias que se repiten una y otra vez: medidas judiciales lentas, falta de seguimiento efectivo, escasez de recursos para garantizar la seguridad de las víctimas y ausencia de respuestas coordinadas entre distintos organismos estatales. Cada una de esas fallas representa un eslabón débil en la protección de mujeres que viven bajo amenaza.
Para Laura y el resto de la familia, el camino recién comienza. No solo deberán atravesar un proceso judicial largo y doloroso, sino también acompañar a Pedro en la reconstrucción de su vida tras haber perdido a su madre y su abuela en circunstancias tan violentas. La búsqueda de justicia será también una forma de reparación.
Mientras tanto, el nombre de Pablo Laurta ya ocupa un lugar central en la agenda judicial de Córdoba. El femicida fue detenido en Entre Ríos, mientras intentaba fugarse. Su captura fue el desenlace de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la sociedad. Ahora, la expectativa está puesta en que la Justicia avance con celeridad y firmeza para garantizar una condena ejemplar.
La historia de Luna y Mariel es dolorosa, pero también movilizadora. Cada testimonio de sus familiares, cada denuncia pública sobre las omisiones del Estado y cada marcha en su memoria contribuyen a visibilizar un problema que no puede seguir naturalizándose. La sociedad argentina, una y otra vez, se ve enfrentada a hechos que revelan que la violencia de género no se detiene con declaraciones, sino con acciones reales y sostenidas.
El eco de las palabras de Laura Giardina resuena más allá de Córdoba: “Ella pedía ayuda. Lo hizo durante años. No llegó a tiempo”. Esa frase sintetiza el núcleo de una tragedia que pudo haberse evitado. Hoy, el reclamo es claro: justicia para Luna y Mariel, y un sistema que realmente proteja a quienes están en peligro antes de que sea demasiado tarde.
