En ese pedido, el imputado informó a la Justicia un domicilio preciso en Punta del Este, donde supuestamente se alojaría durante su estadía: la Torre Le Parc, ubicada frente a Playa Brava, a metros de la Avenida Roosevelt. Con esos datos, el juzgado autorizó el viaje.
Sin embargo, en el marco de los controles posteriores, el juez Bruniard detectó que Porcel había regresado a la Argentina el 19 de diciembre, es decir, apenas dos días después de haber salido del país, y sin dar aviso al tribunal. Esa situación motivó la intervención judicial y el requerimiento formal para que el empresario informe dónde reside actualmente dentro del territorio nacional.
Desde la Justicia consideraron que la falta de notificación sobre su regreso anticipado constituye un dato relevante en el marco de una causa en curso, especialmente por tratarse de un imputado con restricciones vigentes.
PIDIERON LA DETENCIÓN DE MARCELO PORCEL: ESTÁ DENUNCIADO POR ABUSO
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La intimación judicial y el rol de la Fiscalía
Ante esa situación, tanto el juzgado como la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 intimaron a Porcel a precisar su domicilio actual, con el objetivo de garantizar su correcta localización y asegurar el normal desarrollo del proceso judicial.
La causa se encuentra en una etapa preliminar, pero con múltiples actuaciones en curso. Mientras tanto, la defensa de las familias denunciantes sigue reclamando que se avance con la declaración indagatoria del empresario, una instancia clave para definir su situación procesal.
En ese sentido, el abogado Pablo Hawlena Gianotti, representante de la querella, explicó que el pedido formal de indagatoria y detención fue realizado el jueves 27 de noviembre, aunque recién obtuvo respuesta por parte del Ministerio Público Fiscal el 3 de diciembre.
“En ese momento se dictaron solamente restricciones cautelares”, señaló el letrado, al dar cuenta de los pasos que siguió la investigación hasta el momento.