La Justicia argentina avanza con pasos firmes en uno de los casos criminales más estremecedores del último tiempo. Este jueves se dictaron 120 días de prisión preventiva para el ciudadano uruguayo Pablo Laurta, principal acusado por el brutal asesinato de Luna Giardina, Mariel Zamudio y Martín Palacios, un remisero cuyo cuerpo fue hallado desmembrado y con su auto incendiado en un hecho que generó conmoción nacional.
La Justicia argentina avanza con pasos firmes en uno de los casos criminales más estremecedores del último tiempo. Este jueves se dictaron 120 días de prisión preventiva para el ciudadano uruguayo Pablo Laurta, principal acusado por el brutal asesinato de Luna Giardina, Mariel Zamudio y Martín Palacios, un remisero cuyo cuerpo fue hallado desmembrado y con su auto incendiado en un hecho que generó conmoción nacional.
La medida fue determinada durante una audiencia en los Tribunales de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde Laurta fue imputado por el delito de “homicidio criminis causa”, una figura penal que implica haber cometido un asesinato con el objetivo de ocultar otro crimen. Este cargo es considerado uno de los más graves en el Código Penal argentino y puede conllevar penas de prisión perpetua.
Durante la audiencia, el juez a cargo resolvió que Pablo Laurta permanezca en prisión preventiva durante 120 días, mientras la investigación judicial continúa recopilando pruebas y testimonios sobre el entramado de crímenes que se le atribuyen. La decisión responde a la gravedad de los hechos y al riesgo procesal, ya que las autoridades temen que el acusado pueda fugarse o entorpecer la investigación si quedara en libertad.
El abogado defensor de Laurta reconoció públicamente la complejidad de la causa. “Es un hecho de una naturaleza poco habitual, es una causa compleja”, señaló ante los medios luego de la audiencia. Esta declaración refleja la magnitud del caso, que involucra un doble femicidio en Córdoba y un homicidio con características especialmente crueles en Entre Ríos, además de un confuso episodio de secuestro infantil que se investiga en paralelo.
En las horas posteriores a la audiencia, se conocieron detalles de lo que Pablo Laurta dijo tras su detención. Su abogado reveló que, al salir de la sede judicial, el imputado volvió a hablar con la prensa y trató de justificar sus acciones con un relato que rápidamente generó repudio social.
“Yo liberé a mi hijo de una red de trata”, habría declarado Laurta, según relató su defensor. Con esas palabras, el acusado intentó instalar la idea de que actuó motivado por un supuesto intento de rescatar a su hijo Pedro, de seis años, a quien secuestró tras cometer los asesinatos de su expareja Luna Giardina y de su exsuegra, Mariel Zamudio.
Este argumento, que no tiene sustento en las pruebas recolectadas hasta el momento, es analizado por la Justicia con cautela. Los investigadores sostienen que Laurta planificó cuidadosamente su accionar y que sus actos no responden a ningún intento de rescate, sino a un patrón de violencia y control que ya se había manifestado previamente en su relación con Luna.
La próxima etapa del proceso judicial se desarrollará en la provincia de Córdoba, donde ocurrieron los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Allí, Laurta será indagado por el doble femicidio, un delito que por su calificación podría derivar en una pena de prisión perpetua.
Según reconstruyeron los investigadores, Luna Giardina fue asesinada en su propia vivienda, en un ataque sorpresivo y brutal. Minutos después, Mariel Zamudio fue también ultimada, presuntamente para evitar que pudiera denunciar el crimen o rescatar a su nieto. Tras estos hechos, Laurta huyó de la escena con su hijo Pedro, iniciando un recorrido que culminaría en la provincia de Entre Ríos.
Fue en ese trayecto cuando Laurta contactó a un remisero, Martín Palacios, para que lo trasladara. Los chats encontrados en el celular del acusado revelan que coordinó un viaje con la víctima, acordando los detalles del traslado. Horas más tarde, Palacios fue encontrado desmembrado en un paraje rural, y su auto apareció completamente incendiado, en un intento de borrar evidencias y desviar la investigación.
La imputación por el asesinato de Martín Palacios se dio pese a que Laurta se negó a declarar sobre ese crimen. Sin embargo, la evidencia acumulada es contundente: registros de comunicación, testigos y peritajes forenses apuntan directamente hacia él como autor material.
El fiscal de la causa explicó que se trata de un caso de “homicidio criminis causa”, ya que el asesinato de Palacios habría sido cometido para garantizar la impunidad de los femicidios previos, eliminando a un testigo clave que podría haber alertado a la policía sobre su paradero.
Mientras tanto, el hijo de Laurta cumplió seis años en medio de esta compleja trama judicial. El niño fue hallado por las autoridades en buen estado físico tras ser localizado junto a su padre, aunque se encuentra bajo acompañamiento psicológico y protección estatal dada la magnitud de los hechos ocurridos.
La figura de Pablo Laurta ha generado un fuerte impacto mediático y social. Nacido en Uruguay, se radicó en Argentina hace varios años y mantuvo una relación con Luna Giardina, con quien tuvo a Pedro. Vecinos de la zona donde vivían en Córdoba han declarado que la relación estaba marcada por episodios de violencia, denuncias previas y una dinámica de control por parte de él.
“Era una relación conflictiva, se escuchaban discusiones fuertes”, relataron algunos testigos a medios locales. Otros señalaron que Luna había intentado poner distancia, pero Laurta insistía en mantener contacto con el niño, lo que generaba tensiones constantes.
El crimen de Luna y Mariel se descubrió cuando familiares alertaron a las autoridades por la desaparición de ambas. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron un escenario escalofriante. A partir de ese momento, se desplegó un operativo policial de alcance nacional, que incluyó alertas en rutas y controles fronterizos.
La captura de Laurta se produjo en Entre Ríos, luego de que un vecino alertara a la policía al ver movimientos sospechosos cerca del lugar donde posteriormente sería hallado el cuerpo del remisero. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo que permitió interceptarlo antes de que pudiera cruzar la frontera hacia Uruguay, una posibilidad que preocupaba a los investigadores.
Tras su detención, el relato de Laurta fue contradictorio y confuso. Primero negó los hechos, luego sugirió que actuó en defensa de su hijo y, finalmente, optó por guardar silencio ante las imputaciones más graves. La Justicia, sin embargo, considera que existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones, y por eso dictó la prisión preventiva mientras se completan los peritajes y se reúnen más testimonios.
Este caso ha generado un fuerte debate social en torno a la violencia de género, la protección de las víctimas y las fallas en los sistemas de alerta temprana. Organizaciones feministas y de derechos humanos han reclamado que se investigue si hubo omisiones institucionales que podrían haber evitado los femicidios.
Al mismo tiempo, el asesinato de Martín Palacios pone sobre la mesa la vulnerabilidad de trabajadores informales, como los remiseros, que a menudo no cuentan con sistemas de seguridad adecuados ni con registros oficiales de sus pasajeros.
El proceso judicial que se abre a partir de ahora será clave para determinar la responsabilidad penal de Laurta y para arrojar luz sobre una secuencia criminal planificada y ejecutada con extrema violencia. La prisión preventiva de 120 días busca garantizar que el imputado permanezca bajo custodia mientras se desarrolla esta compleja investigación, que podría derivar en una de las condenas más severas previstas por la ley argentina.
