Por primera vez en siete décadas, los fusilamientos clandestinos de José León Suárez serán objeto de un juicio. No habrá acusados sentados en el banquillo ni condenas penales. Los responsables directos murieron hace años. Sin embargo, el próximo 17 de junio comenzará un proceso judicial que busca reparar una deuda histórica: otorgarles a las víctimas y a sus familias algo que durante demasiado tiempo les fue negado, una verdad oficial pronunciada por los tribunales.
Deuda pendiente
Operación Masacre: setenta años después, la Justicia vuelve a los basurales de José León Suárez
Aunque no habrá acusados ni condenas penales porque los responsables ya fallecieron, la Justicia buscará establecer una verdad histórica sobre uno de los crímenes más emblemáticos de la Revolución Libertadora. El proceso judicial comenzará el 17 de junio.
Operación Masacre: setenta años después, la Justicia vuelve a los basurales de José León Suárez
Setenta años después de aquella madrugada helada de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez para ser ejecutado sin juicio previo, la historia vuelve a ocupar el centro de la escena.
Es la misma historia que cambió para siempre el periodismo argentino cuando un joven Rodolfo Walsh escuchó una frase imposible: “Hay un fusilado que vive”. A partir de esa revelación reconstruyó una trama de persecuciones, detenciones clandestinas y asesinatos que terminaría convertida en Operación Masacre, una obra fundacional del periodismo de investigación en América Latina.
La versión oficial y la investigación de Walsh
Vale la pena reconstruir algunos detalles. La noche del 9 de junio de 1956, mientras la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu sofocaba el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, un grupo de hombres se encontraba reunido en una casa de Florida escuchando una pelea de boxeo por radio. Fueron detenidos por la policía bonaerense y acusados de participar en la sublevación. Algunos eran militantes peronistas, otros no.
Horas más tarde, fueron trasladados a los basurales de José León Suárez. Allí comenzó el fusilamiento clandestino: cinco de ellos murieron y siete lograron sobrevivir, algunos gravemente heridos.
Durante décadas, la versión oficial intentó justificar aquellos hechos bajo el argumento de la represión al alzamiento militar. Sin embargo, la investigación de Walsh demostró que varios de los detenidos habían sido capturados antes de que se declarara la ley marcial, un dato crucial que convertía aquellos fusilamientos en asesinatos ilegales cometidos por el propio Estado.
Según pudo saber A24.com, el juicio que comenzará esta semana tiene como antecedente el proceso realizado por la Masacre de Napalpí. La causa fue impulsada por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos que buscan que la Justicia establezca de manera oficial la responsabilidad estatal en los crímenes cometidos durante la llamada Revolución Libertadora. El objetivo es reconstruir los hechos y determinar responsabilidades históricas, aun cuando ya no sea posible aplicar sanciones penales.
Para muchos familiares, este proceso representa una reparación largamente esperada. Durante años, recuerdan, ni siquiera podían hablar de los fusilamientos. La palabra estaba prohibida. El silencio, la estigmatización y el paso del tiempo fueron sepultando una historia que sobrevivió gracias a los testimonios de los sobrevivientes y al trabajo de Walsh. Hoy son hijos, nietos y bisnietos quienes sostienen el reclamo de memoria.
La paradoja es inevitable.
El juicio llega cuando ya no quedan responsables vivos para ser juzgados. Sin embargo, sus impulsores sostienen que el objetivo trasciende cualquier condena.
Se trata de establecer una verdad histórica y jurídica sobre uno de los episodios más oscuros de la Argentina posterior al golpe de 1955, una masacre que anticipó métodos represivos que décadas más tarde volverían a marcar la historia del país.
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