Los argumentos de la querella para solicitar la condena
En su presentación, Améndola consideró a Álvarez autor del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Entre los elementos que pidió contemplar al momento de establecer la pena, mencionó la indefensión en la que se encontraba Díaz y las consecuencias que el crimen tuvo para su hija, que tenía ocho años cuando ocurrió el asesinato.
Pity Álvarez siguió la audiencia de manera virtual, a través de Zoom. (Foto: archivo)
Sin embargo, la querella también planteó que debían evaluarse determinadas circunstancias personales y posteriores al crimen. Entre ellas, mencionó el trastorno por consumo de sustancias que padece el músico, su presentación voluntaria ante la Policía y el arrepentimiento que expresó durante el juicio.
Améndola recordó, además, que Álvarez había manifestado su intención de colaborar económicamente con la familia de la víctima mediante los ingresos que pudiera obtener de su actividad artística.
El pedido de arresto domiciliario y salidas laborales
Además de solicitar 11 años y dos meses de prisión, Améndola pidió que, ante un eventual fallo condenatorio, se vuelva a evaluar la situación del cantante y que pueda cumplir la pena bajo arresto domiciliario.
El representante de la familia de Díaz sostuvo que no existirían riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso que justificaran otra modalidad de detención. También solicitó que se autoricen salidas laborales para que el músico pueda continuar con su actividad artística.
El planteo de la querella deberá ser evaluado por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que tendrán a su cargo la resolución del proceso.
El homicidio de Cristian Díaz y el proceso judicial contra Pity Álvarez
La causa busca establecer la responsabilidad penal de Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “El Gringo”, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El músico está acusado de haberle disparado durante un episodio registrado en las inmediaciones de su vivienda.
El debate oral comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.