Las defensas de los anestesistas apelaron la decisión judicial y denunciaron que no hay testigos ni pruebas directas en su contra. Además, reclamaron por el embargo millonario.
Hernán Boveri y Delfina Lanusse son los dos imputados en la causa que investiga el presunto robo de medicamentos para fiestas clandestinas.
La causa por el presunto robo de ampollas de propofol en el Hospital Italiano sumó un nuevo capítulo judicial. Los abogados de Delfina “Fini” Lanusse y de Hernán Boveri, los anestesistas procesados por administración fraudulenta, presentaron un recurso para que se revoquen los procesamientos dictados en su contra.
En el escrito, la defensa de Lanusse cuestionó con dureza la decisión del juez Javier Sánchez Sarmiento y aseguró que no existen pruebas directas que la vinculen con la sustracción de medicación. Además, calificó de “arbitrario” el embargo de $30.929.520 dispuesto sobre la médica.
Según los abogados, el procesamiento se sostiene en testimonios “de oídas” y apreciaciones subjetivas, sin una reconstrucción clara de tiempo, modo y lugar. En ese sentido, remarcaron que ningún testigo declaró haber visto a Lanusse retirar o sustraer fármacos de manera irregular.
También señalaron que varias declaraciones se basan en comentarios de terceros, incluso personas ajenas al hospital, y recordaron que las médicas residentes trabajan bajo supervisión permanente. Otros testimonios, indicaron, se limitaron a expresar sospechas sobre su estado anímico, pero sin haber presenciado consumo de sustancias ni faltantes de medicación.
Uno de los puntos centrales del recurso es el informe del propio Hospital Italiano, que indicó que no se detectaron faltantes de medicación durante los años investigados. Según la defensa, los controles internos del centro de salud permiten registrar incluso pérdidas mínimas, lo que vuelve “incompatible” la hipótesis de una sustracción sistemática.
Además, el arqueo realizado no arrojó diferencias, lo que refuerza —según los abogados— la falta de sustento de la acusación.
El recurso también apunta contra el embargo de más de $30 millones, al considerar que no guarda relación con los hechos investigados. La defensa sostuvo que el propio juzgado reconoció que no pudo cuantificar un daño patrimonial concreto.
En esa línea, afirmaron que el monto fijado supera en un 323% el valor de los insumos presuntamente involucrados, lo que lo vuelve desproporcionado ante la inexistencia de faltantes o perjuicios comprobados.
Los abogados solicitaron la revocación completa del procesamiento, el dictado de falta de mérito y la producción de pruebas que, según indicaron, fueron rechazadas durante la investigación, como la citación de profesionales que podrían acreditar la inexistencia de consumo problemático.
De manera subsidiaria, pidieron una reducción “prudencial” del embargo. Para la defensa, la imputación contra Lanusse es “prematura, conjetural y sin sustento probatorio suficiente”, por lo que reclaman que la Justicia revise de manera integral la resolución.
