Seis meses después del episodio que conmocionó a la comunidad educativa de Mendoza, la investigación dio un giro tras la declaración de la menor y derivó en la detención de un celador vinculado a la institución. Los motivos.
A casi seis meses del episodio que conmocionó a la comunidad educativa de La Paz, en Mendoza, donde una alumna de 14 años se atrincheró armada dentro de un colegio y efectuó disparos al aire, la investigación judicial sumó un giro clave con la detención de un celador tras una grave acusación en su contra.
Tras aquel dramático momento que fue televisado por los canales locales mendocinos, la adolescente comenzó un proceso de asistencia con especialistas del Equipo Técnico Interdisciplinario y recibió acompañamiento psicológico.
Justamente, durante una entrevista con profesionales la chica brindó detalles que representan un giro en la causa. En los días posteriores al incidente inicial habían circulado distintas hipótesis sobre el trasfondo del episodio, entre ellas posibles situaciones de acoso escolar, un presunto caso de grooming o conflictos con una docente. Sin embargo, el testimonio de la menor reorientó la investigación hacia un presunto delito sexual que habría llevado adelante contra ella el celador del establecimiento educativo.
A partir de esa declaración se formalizó una denuncia que derivó en la detención preventiva del celador señalado, medida dispuesta por la fiscal Laura Nieto, quien conduce el expediente. En las próximas horas se definirá la situación procesal del acusado mientras continúan las pericias.
El hecho original ocurrió en la Escuela Marcelino Blanco, donde la adolescente ingresó con una pistola 9 milímetros que había sustraído a su padre, excomisario de la policía de San Luis. Permaneció dentro del establecimiento durante aproximadamente seis horas y efectuó dos disparos, lo que obligó a evacuar a los estudiantes y activar un operativo de contención para asistir a quienes sufrieron crisis nerviosas.
Finalmente, la joven depuso el arma y fue trasladada a un hospital local para su evaluación. Desde entonces, el caso permanece bajo seguimiento de profesionales y autoridades judiciales para garantizar su protección
