Sucede tanto en los hogares como en lugares públicos. La violencia de género y su caso más extremo, el femicidio, se agudizaron con la pandemia.
"Ni Una Menos", alzó la voz contra la violencia machista. Este 3 de junio se cumple un nuevo aniversario de la fecha en la que miles de mujeres marcharon por primera vez bajo esa consigna.
Los equipos de profesionales recibirán consultas y atenderán situaciones de violencia de género en las 23 provincias y CABA. También acompañarán en la realización de trámites y gestiones.
Renunció la titular de Protección contra la Violencia de Género y el Gobierno disolvió el área. (Foto: archivo)
Sucede tanto en los hogares como en lugares públicos. La violencia de género y su caso más extremo, el femicidio, se agudizaron con la pandemia.
Cerca de la mitad de las mujeres sufre alguna forma de violencia desde que el COVID-19 se instaló a nivel global. El dato surge de un estudio que la organización ONU Mujeres publicó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Argentina no es la excepción. Según el Observatorio "Ahora sí que nos ven" a lo largo de este 2021 hubo un femicidio cada 34 horas.
"Comparada con los últimos 6 años desde la creación de este observatorio, la cifra no ha sufrido cambios significativos. Esto nos demuestra que la violencia machista que tanto nos afecta a la vida de las mujeres sigue siendo un problema que pareciera no tener respuestas", dice Analía Morra, una de sus miembros, a A24.com.
Las cifras del Observatorio Lucía Pérez también alarman. "Al 21 de diciembre de este año llevamos registrados 303 femicidios y travesticidios", dice Anabella Arrascaeta, una de sus integrantes. “Además hay 251 infancias huérfanas y 359 marchas y movilizaciones pidiendo justicia y que paren de matarnos”.
Con el cierre del registro anual desde "Ahora sí que nos ven" empiezan a hacer algunos primeros análisis. "Los femicidios siguen siendo una urgencia, y el Estado nos debe proteger implementando medidas más eficientes que las que se tomaron durante este año en el que 1 de cada 4 víctimas de femicidios había realizado al menos una denuncia o tenían medidas de protección". Desde este observatorio contabilizaron 229 casos de femicidio hasta el 20 de noviembre.
Otro dato relevante es el de quién suele ser el agresor. "Si bien aún no tenemos cerrado el registro, observamos que hay otro indicador que se mantiene a lo largo de los años: cerca del 70% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima", dice Morra.
Por eso considera que el lugar más inseguro para las mujeres no es la calle. "Contra lo que supone el imaginario popular, el espacio más vulnerable es nuestro propio hogar. Y, además, los femicidas pertenecen al círculo íntimo de las víctimas. quienes matan a las mujeres tuvieron con ellas algún tipo de relación afectiva, incluso hasta el último de sus días".
Arrascaeta recuerda uno de los casos más resonantes de este 2021: la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que había salido de su casa para ir a buscar un trabajo como camarero Alejandro Korn. Desde aquel 11 de marzo Tehuel nunca volvió. Hoy se investiga al hombre que lo citó y a un conocido de este por homicidio.
“Nos sigue faltando Tehuel. Hay una urgencia en que el Estado ponga todos los recursos en la búsqueda de quienes están desaparecides”, dice.
En el Observatorio llevan un padrón de mujeres y diversidades desaparecidas. “Tenemos contabilizadas 248 desaparecidas. Eso da cuenta de que no estamos hablando de un caso aislado sino de una estructura, un sistema en el que, aún en nuestro y en democracia, es posible que siga habiendo desapariciones de personas que el Estado no busca”, agrega.
Úrsula Bahillo tenía 18 años y apareció asesinada el 8 de febrero pasado cerca de las 20.30. Su cuerpo estaba entre pastizales en un campo a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 km en las afueras de la localidad bonaerense de Rojas, donde la joven vivía junto a sus padres.
El Estado no actuó a tiempo ante el reclamo desesperado de la adolescente, detalla su familia. Y explican por qué desde la Policía y la Justicia se sucedió una serie de hechos que la dejó desprotegida. Un mes antes del asesinato, el 9 de enero, Patricia había hecho una denuncia en la Comisaría de la Mujer por las amenazas que Úrsula recibía de Martínez.
El Juez de Paz local, Luciano Callegari, le impuso una medida perimetral a Martínez. El 1 de febrero volvieron a denunciarlo porque la incumplía, sin embargo el juez lo desestimó. “Nunca creí estar denunciando a alguien por violencia de género. Quiero ser la última”, escribió Úrsula en Twitter.
Los hostigamientos siguieron y Úrsula se acercó a la Comisaría de la Mujer cuatro días más tarde. Lo denunció por desobediencia de medidas y amenazas. Los dos días siguientes amplió sus denuncias ante la ayudantía fiscal, la Comisaría y el Juzgado de Paz.
El pasado 14 de diciembre la Justicia condenó a prisión perpetua al policía bonaerense a Matías Ezequiel Martínez. Lo condenaron a prisión perpetua por un femicidio que, según la familia, podría haberse evitado si el Estado actuaba a tiempo.
El caso de Úrsula fue uno de los que más cobertura mediática tuvo en este 2021. El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo, los padres de la adolescente. Los Bahillo también habían pedido un botón antipánico para pedir ayuda si se acercaba Martínez. El dispositivo nunca llegó.
"Por omisión, inacción, negligencia o simple machismo lxs actores judiciales no asistieron ni contuvieron de forma efectiva a las víctimas", dice Morra. "Es urgente que la Justicia, históricamente patriarcal, revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los juzgados y fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia", agrega.
Desde el Observatorio también apuntan contra las fuerzas de seguridad. "Quienes debieron proteger a las mujeres finalmente ejercen aún más violencia contra las víctimas. Según nuestros registros, en este año, 1 de cada 10 femicidios es cometido por personal de las fuerzas de seguridad.
Según señalan, no se trata de casos aislados. "Es otro de los tantos en los que la violencia machista se ejerce en el marco de un poder institucional. La jerarquía y el arma que porta un policía son utilizadas para vulnerar y abusar de las mujeres, que muchas veces han depositado en esta institución la esperanza de finalmente sentirse protegidas. Pero se encuentran con una realidad mucho más cruel", señala Morra.
Los recursos son centrales a la hora de aplicar las políticas de prevención y abordaje de violencias. Al respecto desde el Observatorio Lucía Pérez, aseguran que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) era, a principios de diciembre, la tercera cartera en un ránking de subejecución presupuestaria. "Mientras tanto, la mayoría de los Ministerios tienen entre el 70 y el 80% de la ejecución. con el 53% del presupuesto ejecutado”.
Desde el Observatorio Lucía Pérez subrayan la importancia de la variable económica a la hora de reflexionar acerca de las consecuencias de la dependencia material. Se sabe: miles de mujeres, por ejemplo, mantienen convivencias con parejas que las violentan por no tener dónde ir, ellas y sus hijos.
Por eso consideran que, en un año en el que aún se atraviesa una crisis producto de la pandemia, sumada a años de empobrecimiento y desocupación, es “sumamente alarmante” que se haya ejecutado el presupuesto. “Las mujeres somos las más desocupadas entre las desocupadas, las más precarizadas entre las precarizadas. Aparte de los trabajos fuera de nuestras casas sostenemos dentro de nuestras casas, barrios y comunidades los cuidados”, recuerda Arrascaeta.
Durante este segundo año de la pandemia, ya sin medidas de aislamiento obligatorio, se empezaron a recuperar las redes de sostén. “Los espacios de acompañamiento y apoyo en los territorios es muy importante”, resalta Arrascaeta.
Desde "Ahora sí que nos ven" exigen una reforma judicial transfeminista, con mujeres y LGBTI+ feministas en los puestos de decisión. Además, "una real incorporación de la perspectiva de género", dicen. "Necesitamos una justicia renovada y capacitada, por eso demandamos fuertemente la implementación de la Ley Micaela en todos los ámbitos estatales incluida el de la justicia".
Respecto de las responsabilidades de las fuerzas de seguridad: "Es urgente que se ponga en marcha una transformación de la policía y las fuerzas armadas de nuestro país, dejando atrás sus formas autoritarias y patriarcales y realmente adopten transversalmente una perspectiva de género y de derechos humanos que garantice nuestra protección y libertad".
Otra vez la responsabilidad está en la intervención estatal. "Es urgente que el Estado que esté cerca de las mujeres y que implemente políticas públicas teniendo en cuenta estas características, tales como iniciativas que promuevan la autonomía económica de las mujeres y LGBTI+ y que posibiliten el acceso a la vivienda, a la educación y a un empleo formal que garantice su autonomía económica", resalta Morra.
