El Gobierno aumenta los controles sobre la integración societaria de las empresas privadas que en el marco de la pandemia de coronavirus, deberán informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, "quiénes son sus beneficiarios finales".
El Gobierno aumenta los controles sobre la integración societaria de las empresas privadas que en el marco de la pandemia de coronavirus, deberán informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, "quiénes son sus beneficiarios finales".
A través de la resolución general 4697/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos estableció que las personas jurídicas deberán informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales, sin importar el grado de participación en las mismas.
El nuevo régimen informativo establecido por el organismo tiene como objetivo identificar a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión.
Esta norma, sumada al registro generado por la ANSES de todos los trabajadores informales que se inscribieron para recibir el Ingreso de Emergencia (IFE) de $10.000 por la emergencia, va a dar una estadística real y promisoria para los datos de la economía informal que la AFIP y el Gobierno podrían utilizar para ordenar un blanqueo de muchos sectores de la economía en negro, post pandemia.
La normativa representa un avance en materia de transparencia, afirmó la AFIP, al tiempo que precisó que reemplaza al régimen de información sobre participaciones societarias vigente que no requería a los contribuyentes la información referida a los beneficiarios finales.
La decisión de la AFIP dificultará así maniobras de ocultamiento de información sobre los verdaderos dueños de las distintas personas jurídicas, entidades o estructuras, señala un comunicado difundido por la entidad al que tuvo acceso A24.com.
La nueva normativa se enmarca en las medidas lanzadas por el Gobierno en medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus, y previo a la presentación de un proyecto de ley por parte del oficialismo, ante el Congreso, para crear un nuevo impuesto a la riqueza.
El presidente Alberto Fernández avaló ayer ese proyecto al recibir en la residencia de Olivos al hijo de la ex Presidenta y titular del bloque de diputados oficialista, Máximo Kirchner, al señalar que la recaudación que se logre de un impuesto a las grandes fortunas, servirá para financiar medidas de contención económica y social en medio de la crisis.
La normativa del organismo establece que los sujetos alcanzados deberán reportar la información sobre todas las personas humanas que posean capital o derechos de voto de una sociedad, persona jurídica u otra entidad contractual o estructura jurídica, o que por cualquier otro medio, ejerzan su control directo o indirecto.
Los datos sobre los beneficiarios finales de cada sociedad o empresa deberán presentarse independientemente del porcentaje de participación que posean, indica la nueva normativa de la AFIP.
En los casos que no sea posible identificar a las personas humanas que revisten la condición de beneficiarios finales, los sujetos obligados deberán informar como beneficiario final al presidente, socio gerente, administrador o máxima autoridad de dicho sujeto.
En esos casos, la AFIP mantendrá sus facultades para verificar y fiscalizar las causas que llevaron al incumplimiento de la identificación de los beneficiarios.
La normativa avanza también en la implementación del registro de entidades pasivas en el exterior. Se trata de un instrumento previsto en la ley 27.260 de 2016 que habilitó el denominado sinceramiento fiscal.
El registro alcanza a los contribuyentes que posean más del 50% de la participación en sociedades del exterior que, a su vez, obtenga una renta pasiva, como por ejemplo, las generadas por depósitos a plazo o inversiones financieras, que supere el 50% de sus ingresos brutos.
A partir de lo establecido por la ley 27.260, los contribuyentes no sólo presentarán este año la información referida a 2019, sino que también deberán ingresar los datos correspondientes a 2016, 2017 y 2018.
La implementación del registro de entidades pasivas en el exterior ofrecerá así trazabilidad sobre las inversiones extranjeras registradas a lo largo de los últimos años.
