También se relevó al diputado nacional, Cristian Ritondo; y a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
De esta manera, estas personas ya no estarán en la obligación de guardar secreto y confidencialidad, por lo que podrán declarar en la causa que investiga el presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino desaparecido.
Según la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, "los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo anterior deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad".
En el artículo 16 de dicha ley se indica que "las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación".
También se aclara que la obligación de guardar secreto subsistirá aunque el funcionario haya cesado en sus funciones como es el caso del exmandatario.