Hay otra investigación que es menos truculenta pero desvela al poder político local. Se trata de un hallazgo injustificado en medio de la búsqueda que se sigue haciendo de los restos de Cecilia Strzyzowski.
Caso Cecilia Strsyzowski: Emerenciano Sena no pudo votar en Chaco y Marcela Acuña lleva a cabo una huelga de hambre en la cárcel (Foto: NA).
Hay otra investigación que es menos truculenta pero desvela al poder político local. Se trata de un hallazgo injustificado en medio de la búsqueda que se sigue haciendo de los restos de Cecilia Strzyzowski.
La aparición de un total de 6.058.190 pesos disparó una nueva causa judicial que deberá enfrentar el clan Sena, esta vez el delito sería el de lavado de activos.
El nuevo expediente surgió tras un allanamiento realizado hace varios días en la casa de los Sena, donde la Policía encontró el dinero escondido en un mueble metálico utilizado para guardar herramientas.
También fue el último lugar donde se vio con vida a Cecilia.
Los policías locales no salían de su asombro cuando descubrieron en tres compartimientos los fajos de billetes, principalmente de cien pesos.
Por las características del delito, la causa debiera caer en manos de la justicia federal.
Sería el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, quien encabezaría esta investigación para determinar de dónde salieron esos millones de pesos.
El juez de Garantías, Juan Carlos Codina, se excusaría de la causa original en las próximas horas y ese movimiento abriría el camino para la intervención del equipo del fuero pertinente.
Según pudo saber A24.com, es factible que ni bien arranque la instrucción del nuevo expediente, se pidan informes a los bancos, a la Unidad de Información Financiera (UIF), sobre todo para saber si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculado a algunos de los detenidos.
“Queremos hacer una radiografía financiera y económica de los imputados para saber cómo era el esquema de recaudación del clan Sena”, confirmó una fuente del expediente.
Una de las líneas de investigación apuntaría a una fundación que lleva el nombre de “Saúl Andrés Acuña", en honor al padre de Marcela Acuña, un abogado provincial y referente de la izquierda provincial.
Esa fundación sería la clave para canalizar millones de pesos recibidos en carácter de subsidios para la construcción de viviendas y obras de mejoras en los barrios.
Los investigadores intimarían al gobierno provincial en busca de información pública para determinar si la fundación recibía dinero estatal.