La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío del expediente al juzgado federal de Campana y ordenó que la Cámara Nacional en lo Penal Económico defina qué fuero debe investigar la casaquinta de Pilar atribuida a presuntos testaferros vinculados a dirigentes de la AFA.
La Cámara de Casación dejó sin efecto el traslado del expediente y abrió una nueva disputa judicial por la competencia del caso. (Foto: archivo).
La Cámara Federal de Casación Penal anuló el traslado de la investigación por la casaquinta de Pilar, valuada en USD 17 millones y vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, al juzgado federal de Campana. Ahora, el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires.
Así lo resolvió por mayoría la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar a un planteo de la fiscalía contra la decisión de la Cámara Federal de San Martín, que en enero había enviado el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Hasta que exista una nueva resolución, el magistrado continuará al frente de la investigación, aunque la causa podría regresar al fuero penal económico porteño si prospera la postura del Ministerio Público Fiscal.
Se trata de una disputa clave que podría volver a cambiar de manos la investigación, que ya pasó por tres jueces desde la denuncia presentada ante la sospecha de que la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría adquirido la mansión como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA.
Si el expediente regresa al fuero penal económico quedará bajo la órbita de la jueza María Verónica Straccia, quien reemplazó a Marcelo Aguinsky en la subrogancia del juzgado nacional en lo Penal Económico N°10, donde estaba radicada la causa antes de su traslado a Campana.
La pesquisa apunta a determinar si la propiedad de Villa Rosa, que cuenta con helipuerto, caballerizas y una flota de autos de colección hallada durante un allanamiento, pertenece en realidad a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Entre los nombres mencionados en la investigación aparece también el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La decisión de Casación abrió un nuevo capítulo en las idas y vueltas del expediente y volvió a demorar una definición sobre qué juez debe intervenir. Por mayoría, los camaristas Angela Ledesma y Javier Carbajo resolvieron que la apelación presentada por la fiscalía contra el envío de la causa a Campana sea analizada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Los mismos magistrados revisan actualmente los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social e impositivos.
Al respaldar el planteo del fiscal Mario Villar, la mayoría sostuvo que la discusión debió resolverse en el ámbito penal económico y no en la Cámara Federal de San Martín, debido a que el último juzgado que intervino antes del conflicto era el Penal Económico N°10. En disidencia, Mariano Borinsky consideró que el recurso fiscal debía declararse inadmisible al entender que no existía una sentencia definitiva ni una cuestión federal que justificara la intervención de Casación.
Borinsky advirtió además sobre un “excesivo rigor formal” que, según planteó, terminó generando una “solución dilatoria” contraria a los principios de economía y celeridad procesal. De todos modos, acompañó la decisión de que el nuevo pronunciamiento se adopte de manera colegiada y “con celeridad” en la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
El voto mayoritario concluyó que el juez federal Alberto Lugones, quien intervino durante la feria judicial de enero en San Martín, no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia originado tras el planteo de Pantano para que el expediente pasara a Campana. Ledesma remarcó que las disputas entre jueces federales deben ser resueltas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el magistrado que previno en la causa.
En la misma línea, Carbajo sostuvo que la Cámara Federal de San Martín carecía de jurisdicción para intervenir en el conflicto entre el juzgado federal de Campana y el Penal Económico N°10. También destacó que la investigación ya estaba radicada en ese fuero cuando Pantano promovió la inhibitoria.