Según pudo saber A24.com, al menos uno de los camaristas planteó la opción de endurecer la pena de Cristina Kirchner sumando el cargo de asociación ilícita, tal como lo solicitó el fiscal de Casación, Mario Villar. En tanto, otro de los jueces fue partidario de reducir el peso de la condena por la acusación de defraudación al Estado, por lo que la solución a este debate quedó en manos del tercer juez.
Una alta fuente consultada recordó que “hace falta que dos camaristas digan lo mismo para llegar a cualquiera de las conclusiones posibles”. A su vez, destacó que Casación no solo revisa la situación de la exmandataria y la de otros condenados, sino también los sobreseimientos.
Recordemos que el TOF 2 concluyó que entre el 2003 y el 2015 existió un plan criminal con el fin de obtener beneficios económicos a través de la obra pública adjudicada a las empresas del Grupo Austral, para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
A la expresidenta le otorgó una pena de 6 años de prisión al encontrarla responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y descartó la acusación como jefa de una supuesta asociación ilícita.
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Asimismo, condenó al empresario Lázaro Báez (6 años), al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); a los ex funcionarios de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), y José Raúl Santibáñez (4 años).
Finalmente, el Tribunal absolvió al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al ex subsecretario de obras públicas, Abel Fatala; al ex presidente de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro; y al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.
Como consecuencia de esta sentencia, el fiscal de Casación, Mario Villar, reclamó elevar a 12 años de prisión la pena de Cristina Kirchner, incluyendo la acusación como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares.
También solicitó que José López, Julio De Vido, Nelson Periotti, y Lázaro Báez sean condenados como organizadores, y que se revoque el sobreseimiento de Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner.
Gustavo Hornos ratificado en el caso
En medio de los rumores que indican a Gustavo Hornos como quien quiere subir las penas de todos los procesados, surgió una denuncia contra él por violencia de género, que derivó en un pedido de recusación de parte de Cristina Kirchner.
Sus colegas de la Sala IV rechazaron el planteo, pues consideraron que no existe relación entre ambos procesos. La ex mandataria quería el apartamiento de Hornos por entender que un magistrado denunciado por cuestiones de género no puede fallar en una causa donde la principal acusada es una mujer.
Por otra parte, en una reunión plenaria de jueces, la Cámara de Casación acordó pedir los antecedentes del caso, y notificar de la situación al Consejo de la Magistratura.
En definitiva, el juez Sebastian Ramos archivó el expediente por violencia doméstica contra Hornos porque su presunta víctima declaró que nunca quiso denunciarlo ni instar la acción penal.
Además, consideró que “las contradicciones e incongruencias del relato que originaron la causa no permiten, por sí mismas, avanzar al respecto sin una ampliación testimonial bajo juramento y la obtención de pruebas adicionales”.
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura envió el tema a la Comisión de Acusación, donde comenzarán a analizarlo a partir de esta semana.
Otro revés para Cristina Kirchner
Mientras espera que la Cámara de Casación termine de revisar su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner recibió la noticia de la reapertura del caso Ruta del dinero, en el que había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello.
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La decisión la tomó la Cámara Federal que declaró nulo el dictamen de Guillermo Marijuan, quien había postulado su sobreseimiento, y ordenó seguir adelante con medidas de prueba pendientes antes de resolver la situación procesal de la ex presidenta.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con disidencia de Eduardo Farah, entendieron que existe una contradicción entre la idea de dar por agotada la investigación de lavado de dinero sin revisar elementos que surgieron de otras investigaciones paralelas, como los expedientes de Hotesur y Los Sauces, o Vialidad.
En este sentido, Llorens se preguntó “cómo se explica el hecho de que Néstor y Cristina Kirchner, representados por su hijo Máximo, hayan vendido nueve inmuebles a Austral Construcciones S.A. relacionada con Lázaro o Martín Báez, así como la venta de otro inmueble del matrimonio aludido a la firma Epelco, también de los Báez. Paralelamente, persiste el interrogante respecto a los motivos por los cuales Cristina Fernández entregó un bien en permuta y otro en concepto de dación de pago a la empresa antedicha”.