El juez Julián Ercolini no inspeccionará la Quinta de Olivos por la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández.
Denuncia contra Alberto Fernández: Ercolini rechazó realizar una inspección en la Quinta de Olivos (Foto: archivo)
El juez federal Julián Ercolini rechazó realizar una inspección en la Quinta de Olivos, lugar en el que según la denuncia de Fabiola Yáñez se habrían producido varios de los nueve hechos de violencia de género imputados al ex presidente Alberto Fernández, ocurridos entre 2016 y 2023.
La decisión se basa en la consideración de que la reconstrucción de los hechos puede llevarse a cabo por otros medios, sin necesidad de ingresar a la residencia presidencial.
Con el objeto de conocer “uno de los lugares donde se habrían desarrollado los hechos que motivaron el inicio de la presente pesquisa, lo cual resultaría beneficioso para contextualizar los acontecimientos y describir adecuadamente las locaciones de tales sucesos”, la fiscalía había solicitado que el juez Ercolini autorice una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos.
Sin embargo, en la resolución firmada por el magistrado, se rechazó este planteo. “Dadas las características de intimidad de los hechos que se investigan no era conducente para el objeto procesal” realizar la inspección en la Quinta hoy ocupada por el actual presidente, Javier Milei.
En su resolución, Ercolini destacó que la especificidad e intimidad de los hechos denunciados no justificaban una inspección en la residencia oficial, sugiriendo que las pruebas y testimonios recogidos hasta ahora son suficientes para avanzar en el caso.
El fiscal González continuará con las declaraciones testimoniales, incluyendo la de Daniel Rodríguez, ex intendente de la residencia de Olivos. Fue convocado para el 26 de agosto a las 10:00.
Esta semana también se espera el resultado preliminar de una pericia ordenada al celular del expresidente. El dispositivo fue secuestrado el viernes 9 de agosto porque el juez Ercolini quería confirmar si era cierto que Fernández seguía hostigándola a pesar de que existía una orden judicial de restricción que le impedía cualquier tipo de contacto.
El expresidente acordó con su defensa, encabezada por la abogada Silvina Carreira, que la defensa debe ceñirse estrictamente al expediente, y lo más lejos posible de los medios de comunicación. Esa decisión se fundamenta en dos razones: la primera, que no tiene sentido dar la batalla en los medios porque allí está todo definitivamente perdido.
La denuncia de Yáñez –consideran– se gestó desde el juzgado de Julián Ercolini y se forzó a través de tres grupos mediáticos. A menudo Fernández se entera de lo que va a aparecer en el expediente leyendo portales de internet. La información aparece primero allí y luego es cargada en el sistema informático de expediente digital Lex 100, cuando debería ser al revés. La abogada Carreira ya protestó ante el juzgado por esa situación.
La segunda razón tiene que ver con Francisco, el pequeño hijo de Yáñez y Fernández. Pero también con preservar cuestiones privadísimas de la propia denunciante. Alberto Fernández inició una acción ante la Justicia en lo Civil y Comercial Federal pidiendo justamente que se resguarde de los medios de comunicación la información personal que pudiera surgir de su teléfono y de los otros secuestrados en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación. Todavía no hubo respuestas a ese planteo.
