El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se analice la existencia de una red con financiamiento extranjero destinada a influir en la opinión pública en contra del gobierno de Javier Milei.
El abogado argentino Jorge Monastersky presentó este viernes una denuncia ante la Justicia Federal para que investigue la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en la Argentina, presuntamente vinculadas con la Federación de Rusia y con capacidad de influir en el debate público y el funcionamiento institucional.
El planteo, enviado por correo electrónico, solicita determinar si estas operaciones, que habrían incluido la conformación de una red con financiamiento externo y acciones destinadas a incidir en la opinión de la ciudadanía, podrían encuadrar en delitos contemplados por la Ley de Inteligencia Nacional. La iniciativa se apoya especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que según el letrado traslada el caso del ámbito periodístico al institucional.
De acuerdo con ese documento oficial, fechado el 2 de abril y citado en la presentación, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización denominada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y presuntos vínculos en el país. La denuncia subraya que esa información otorga mayor entidad a los hechos y reclama una intervención judicial inmediata. En ese sentido, el escrito sostiene que “la información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.
Para sustentar la denuncia, Monastersky recopiló investigaciones publicadas por distintos medios internacionales. Entre los elementos señalados aparece la presunta existencia de una estructura financiada desde el exterior que habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos en territorio argentino, con el objetivo de influir en la conversación pública. Según la presentación, parte de ese material habría sido difundido mediante pagos a medios, editores o periodistas que, en algunos casos, habrían publicado los contenidos sin conocimiento de las empresas para las que trabajan.
El escrito remarca que estas acciones, ya mencionadas en informes periodísticos, describen estrategias, actores y canales de circulación que ameritan una investigación judicial. También advierte sobre el impacto potencial de campañas destinadas a modelar la percepción social y el riesgo que implican para el funcionamiento de los sistemas democráticos, en un contexto de creciente sofisticación de herramientas de influencia.
En esa línea, la denuncia pide que se determine si existieron pagos o contraprestaciones vinculadas a la difusión de los contenidos. Para ello propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios, además de requerir informes a la entidad ARCA sobre movimientos financieros relevantes. El objetivo es establecer responsabilidades y diferenciar entre quienes pudieron haber sido inducidos y aquellos que habrían actuado con conocimiento pleno.
El planteo también señala que la eventual inserción de operaciones coordinadas con financiamiento extranjero podría incidir en la “formación de la voluntad del electorado”, especialmente en períodos electorales, y afectar “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”. Monastersky sostiene que el fenómeno no debe considerarse una dinámica comunicacional más, sino una posible amenaza institucional.
Asimismo, el abogado advirtió sobre la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados respecto del origen o los objetivos del material difundido, por lo que solicitó que la investigación individualice conductas y determine si encuadran en delitos previstos por la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Entre las medidas requeridas, el letrado pidió el análisis técnico de los patrones de difusión digital por parte de la DATIP, el intercambio de información con plataformas digitales y organismos estatales, y la eventual activación de mecanismos de cooperación internacional. También solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal para impulsar la investigación penal y esclarecer los hechos, con el argumento de preservar los “intereses estratégicos” del país.
La denuncia concluye con un pedido de intervención urgente del Poder Judicial para determinar si existió una estructura operativa internacional con capacidad de influir en el entorno mediático argentino y evaluar el alcance de su posible impacto institucional.