El nuevo Gobierno derogó este martes en vísperas de Navidad, los protocolos para el uso de armas de fuego y de las pistolas eléctricas Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, por el cual se pedía DNI en las líneas ferroviarias, por considerar "inapropiadas" para los derechos humanos y discriminatorias" las medidas que fueron el eje de la política de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.
La resolución 1231 del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, publicada hoy en el Boletín Oficial establece en el artículo 1 la derogación de la resolución de Bullrich que estableció el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, en tanto que el artículo 3 deroga el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales.
La norma publicada este martes en el Boletín Oficial establece que "corresponde derogar la resolución precitada; e instruir a las áreas competentes del MINISTERIO DE SEGURIDAD y de las fuerzas policiales y de seguridad, para que elaboren un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de aquellas fuerzas, que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica".
"La habilitación del uso de armas letales por fuera de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad que deben regular su uso, configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad", advierte el texto.
Explica que "este uso irracional incrementa la violencia en los hechos delictivos", "convierte en extremo cualquier enfrentamiento" y "estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir".
En cuanto a las armas Taser, se ordena que se elabore un protocolo que "regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica".
Señala que la reglamentación Bullrich aprobada por la Resolución N° RESOL-2019-395-APN#MSG, "genera un contexto propicio para el uso abusivo de las armas electrónicas “menos letales” y que debe ser evitado en resguardo de los derechos humanos de todos los habitantes".
Por otro lado, la norma conocida hoy deroga también la resolución de julio de 2019 que creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que había sido creado como "un ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años" e implementado por la Gendarmería Nacional.
En los considerandos, se indica que "las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario, de tal modo que las tareas encomendadas a esa fuerza son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad".
Sostiene que en el anterior Gobierno "el Ministerio de Seguridad, al instituir el SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN VALORES, avanzó sobre una materia completamente ajena a sus objetivos y funciones, como lo es la educación de la población civil".
Y destaca que los organismos encargados de garantizar desde el Estado "los derechos humanos esenciales a la educación e inclusión social de niños y niñas, adolescentes y jóvenes" son "las áreas de Educación, Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Turismo y Deportes y, en general, por todas aquellas dependencias encargadas de diseñar e implementar las políticas destinadas al desarrollo pleno de niños y niñas, adolescentes y jóvenes".
Por último, se deja sin efecto también la norma que creó el Programa Ofensores en Trenes, por medio del cual los efectivos de fuerzas de seguridad podían solicitar DNI a los usuarios de ese medio de transporte.
Según se establece, esta medida "criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", ya que "se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación".
