Tras tres meses de secreto de sumario, la Justicia inicia una ronda de declaraciones para determinar si funcionó un esquema de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entre los exfuncionarios, el principal apuntado es Diego Spagnuolo. ¿Quién declaró?
Indagatorias por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad: quiénes deben declarar desde este lunes
La investigación por presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró desde este martes en su etapa más determinante. Después de tres meses bajo secreto de sumario, la causa encabezada por el juez Sebastián Casanello avanza sobre una serie de indagatorias que buscan esclarecer si existió un entramado de pagos ilegales, direccionamiento de contrataciones y maniobras de blanqueo de fondos en un organismo que administra recursos destinados a personas con discapacidad.
El primero en declarar es el empresario Miguel Ángel Calvete, quien debió presentarse en los tribunales de Comodoro Py para responder por su presunta participación en las maniobras investigadas. Mañana será el turno de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia y considerado por los investigadores como el presunto jefe del esquema.
Las citaciones alcanzan a 15 personas, entre ellas exfuncionarios, empresarios vinculados a droguerías, prestadores médicos y operadores técnicos. Según surge del expediente, el presunto circuito irregular habría funcionado entre julio de 2024 y agosto de 2025 y habría generado contratos con sobreprecios superiores a los $43.000 millones.
Uno de los datos más relevantes de esta etapa es el arresto de Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de la ANDIS, quien se negó a declarar ante el juez y quedó detenido con prisión domiciliaria. Su nombre aparece mencionado en los chats, comunicaciones internas y notas técnicas que forman parte del núcleo de pruebas recabadas.
Además, figuran en la causa otros exfuncionarios que habrían tenido roles clave: Daniel María Garbellini, ex número dos de la Agencia; Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno, integrante del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).
La Justicia también puso la lupa sobre un grupo de operadores externos que habrían intervenido en la manipulación técnica del sistema informático utilizado para el manejo de contrataciones. Entre ellos aparece Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien según la investigación habría participado de manera irregular en gestiones para la Agencia a pedido de Atachabahian.
La trama se extiende, además, a vínculos entre la ANDIS y las droguerías New Farma y Floresta, cuyos presidentes, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, mantienen una relación de pareja. A esto se suma la citación de Patricio Gustavo Rama, director suplente de New Farma, quien tenía lazos comerciales y personales con Calvete y Atachabahian.
El expediente también involucra a la novia de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, señalada por mover el efectivo, y a otros dos acusados, Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, quienes habrían trasladado dinero de origen ilícito usando firmas vinculadas a servicios de aviación privada, como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.
En este sentido, este martes renunció Ornella Calvete, quien representaba al Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego.
Calvete, directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, mantenía comunicaciones directas con su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un operador clave del entramado delictivo en ANDIS.
El juez Casanello estableció un cronograma de declaraciones que se extenderá hasta el 5 de diciembre e incluye a cada uno de los investigados en orden de jerarquía o participación presunta dentro del sistema. La lista completa es la siguiente:
Mientras tanto, el fiscal Franco Picardi continúa avanzando en la recopilación de evidencia económica, documental y digital que permita reconstruir el presunto circuito de fondos.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que la ANDIS “se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, una defraudación al erario nacional”. El núcleo habría sido la utilización del sistema informático SIIPFIS, que según los investigadores brindaba una apariencia de transparencia mientras permitía, en realidad, manipular precios y proveedores.
En los escritos judiciales se mencionan operaciones de remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques y movimientos entre droguerías y firmas vinculadas al sector, que habrían sido mecanismos utilizados para movilizar fondos con el fin de blanquearlos.
El Ministerio Público Fiscal, en su llamado a indagatoria, describió que Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. habrían actuado como engranajes de un “entramado funcionalmente articulado”, en el que cada una cumplía un rol dentro del presunto sistema de direccionamiento de compras.
Con el inicio de las indagatorias, la causa ingresa en un tramo donde la Justicia buscará determinar responsabilidades, vínculos internos, beneficios económicos y participación individual. El avance de esta semana podría definir el rumbo del expediente más sensible que atraviesa hoy la administración pública en materia social.
