CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

La Coalición Cívica pide juicio político al juez Maraniello después de que prohibiera la difusión de los audios de Karina Milei

La líder de la Coalición Cívica presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra el juez Alejandro Maraniello. Le atribuyen cinco hechos de mal desempeño, entre ellos la prohibición de difundir los audios de Karina Milei, presunta connivencia con el Ejecutivo, denuncias de violencia de género y maniobras en la entrega de ciudadanías.

La Coalición Cívica pidió la remosión del juez Maraniello luego de que el magistrado habilitara un pedido del Ejecutivo para que el periodismo deje de difundir audios de Karina Milei. (Foto: archivo).

La Coalición Cívica pidió la remosión del juez Maraniello luego de que el magistrado habilitara un pedido del Ejecutivo para que el periodismo deje de difundir audios de Karina Milei. (Foto: archivo).

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, junto a los legisladores de ese partido Marcela Campagnoli y Hernán Reyes presentó este viernes una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político contra el juez federal, Alejandro Patricio Maraniello, por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones. La presentación se realizó luego de que esta semana el magistrado diera lugar al pedido del Ejecutivo para prohibir a medios de comunicación difundir los audios de Karina Milei, ligados al escándalo de supuestas coimas en al Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En un comunicado de la CC, se detalló que los dirigentes solicitaron que se "disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente" y requirió la "oportuna destitución del acusado".

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Para solicitar ese pedido presentaron cinco hechos. El primero está relacionado a la actuación en la causa que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el escándalo de los audios en ANDIS. Allí, prohibió la difusión de cualquier chat, foto, audio y video que involucre a la funcionaria. Ese accionar, según la CC, "implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa", y en consecuencia, denunciaron el "avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública".

En un segundo argumento, señalaron la "posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal". "De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes", resaltaron.

En un tercer hecho, destacaron la participación de Maraniello como "socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC)" y advirtieron que "dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación". "A tal punto, que cuenta con importantes 'auspiciantes' incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios 'HLB Pharma' y 'Ramallo'", rechazó.

Además, como cuarto argumento aludieron a las "denuncias por la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género" que pesan contra el juez. "Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal" ampliaron y explicaron que a causa de esas denuncias, el magistrado fue "incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género".

El último motivo para solicitar su apartamiento, se debió a las "irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina".

Por todo eso, analizaron que la conducta de Maraniello evidencia "un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario, en perjuicio de los intereses públicos y privados confiados a su custodia como magistrado, y del propio prestigio de las instituciones". “Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos, y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, sostuvieron.