Tras el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, docentes y no docentes de las universidades nacionales realizan un paro de 24 horas y preparan una Marcha Federal para exigir que el Congreso rechace la medida.
Docentes universitarios paran y preparan una Marcha Federal contra el veto del Gobierno a la ley de financiamiento. (Foto: archivo)
Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, los docentes y no docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de 24 horas para este viernes 12 de septiembre. La medida afectará el normal funcionamiento de todas las casas de estudio y será acompañada por diversas acciones de protesta, movilizaciones y una futura Marcha Federal cuando el Congreso trate el rechazo al veto presidencial.
Mientras tanto, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la Facultad de Filosofía y Letras permanece tomada de forma simbólica. Allí, estudiantes y docentes anunciaron que levantarán la medida a las 8 de la mañana para sumarse a la marcha que, desde las 15, partirá junto a los trabajadores del Hospital Garrahan hacia Plaza de Mayo.
Esa movilización promete convertirse en un acto masivo de reclamo por el financiamiento de la educación superior y la salud pública.
La ley vetada por Milei había sido aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, con 158 votos afirmativos. Aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para blindar el proyecto ante un eventual veto, había contado con el respaldo de legisladores de distintos bloques políticos, en un contexto de creciente preocupación por el deterioro del sistema universitario.
El proyecto establecía un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de servicios básicos, cubrir salarios y evitar la interrupción de actividades esenciales como la investigación y la extensión universitaria. También buscaba actualizar automáticamente los fondos según la inflación, para impedir el deterioro progresivo del presupuesto.
Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que la norma “comprometía el equilibrio fiscal” y que su aplicación podría generar un “efecto cascada sobre otras áreas” del gasto público.
En el decreto de veto, el Gobierno sostuvo que el proyecto “no incluía fuentes de financiamiento claras ni mecanismos de asignación eficiente de recursos” y que su aprobación implicaba “una erogación extraordinaria que el Estado no está en condiciones de afrontar”.
La respuesta de la comunidad universitaria no se hizo esperar. La medida de fuerza fue convocada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), la Federación de Docentes de las Universidades (FAGDUT), la CONADU, la CONADU Histórica y la Unión Docentes Argentinos (UDA), entre otros gremios nucleados en el Frente Sindical Universitario.
En un comunicado conjunto, las entidades denunciaron que el Gobierno “continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública” y alertaron sobre la “crítica situación salarial” de los trabajadores universitarios.
Además, remarcaron que el déficit presupuestario está llevando a las universidades al borde del colapso, con riesgo de cortes de servicios básicos, suspensión de actividades y renuncias masivas de docentes e investigadores.
“Estamos ante un escenario límite. Si no se garantiza el financiamiento, habrá que empezar a cortar servicios”, advirtieron desde la FEDUN, recordando que el año pasado muchas facultades funcionaron con luz reducida, sin calefacción ni ventilación, y con insumos mínimos para sostener las clases.
Además del paro de este viernes, el Frente Sindical Universitario adelantó que organizará una nueva Marcha Federal el día que el Congreso trate el veto presidencial. Según anticiparon, la oposición buscará convocar a una sesión especial el miércoles 17 de septiembre para intentar revertir la medida de Milei, aunque para ello necesitará reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras, una meta difícil pero no imposible si logran sumar voluntades de bloques dialoguistas.
En la misma sesión de agosto en la que se aprobó la ley de financiamiento universitario, el Congreso también avaló la declaración de emergencia en pediatría para el Hospital Garrahan y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, dos iniciativas que la Casa Rosada también adelantó que vetará. El plazo para enviar esos vetos al Congreso vence este jueves, por lo que podrían sumarse nuevos focos de conflicto en los próximos días.
Uno de los puntos que más preocupa a los gremios es la situación salarial del personal universitario. Las paritarias se encuentran virtualmente congeladas y los aumentos otorgados por decreto no alcanzan para compensar la inflación acumulada.
“Los sueldos no llegan a cubrir la canasta básica y muchos docentes tienen que trabajar en tres o cuatro lugares distintos para poder subsistir”, denunciaron desde la CONADU Histórica. También advirtieron que la precarización laboral y la sobrecarga de tareas amenazan la continuidad de proyectos de investigación y extensión, pilares fundamentales de las universidades públicas”.
El conflicto ahora se centra en el Congreso, que deberá decidir si rechaza el veto presidencial y obliga a Milei a promulgar la ley, algo que requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. La oposición busca unificar fuerzas para alcanzar ese número el próximo miércoles 17 en Diputados, mientras el oficialismo confía en que la dispersión opositora evitará el rechazo.
Hasta entonces, la tensión seguirá creciendo en las universidades, donde se multiplican las advertencias sobre un posible colapso del sistema educativo si no se restituye el financiamiento.
