Fue una declaración conjunta del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA en relación con la situación salarial de los docentes y no docentes que trabajan en las universidades.
El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA se reunió este martes y aprobó una declaración en relación con la situación salarial de los docentes y no docentes que trabajan en las universidades. Además, le solicitó al Gobierno Nacional que responda rápidamente y de manera sensible, tal como lo hizo luego de la marcha nacional universitaria de abril pasado.
Según denunciaron, "los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales han sufrido un deterioro del 40% respecto a la inflación acumulada desde fin de año hasta el presente y a su vez han sido discriminados respecto a la pauta general de aumentos en el sector público quedando un 20% por debajo de los aumentos registrados en el sector".
"Esta situación afecta de forma sensible las condiciones de ejercicio de las tareas de docencia, investigación y extensión universitaria, funciones centrales de las universidades nacionales como principales responsables de promover, preservar y difundir socialmente el conocimiento, la cultura y la formación profesional en nuestro país", explicaron.
"Alertamos que la grave afectación del salario pone en riesgo la continuidad de las carreras académicas de cientos de docentes que sostienen las tareas de formación de las nuevas generaciones de profesionales, afecta la continuidad de los proyectos de investigación científica y condiciona severamente las capacidades de intervención de la universidad en sus comunidades a través de las acciones de extensión universitaria, cómo por ejemplo el patrocinio jurídico gratuito de esta Facultad", agregaron.
El conflicto con las universidades se arrastra desde abril de este año, cuando se dio la marcha federal universitaria. En ese momento, el Gobierno reconoció la necesidad de ampliar el presupuesto pero sólo lo efectivizó respecto a los gastos de funcionamiento que representan sólo el 10% del total del presupuesto. La falta de actualización salarial afecta al 90% restante del presupuesto.
"Resulta imprescindible y urgente que el gobierno nacional responda con igual sensibilidad que tuvo luego de la marcha al reclamo salarial, ya que es un reclamo de la misma naturaleza y de proporciones mucho mayores y acuciantes de las ya reconocidas expresamente", dijeron desde la Facultad.