El abogado Jorge Monastersky sostuvo que la presunta red de injerencia informativa habría operado en más de 20 medios y pidió separar el medio de comunicación del periodista involucrado en el caso.
El abogado Jorge Monastersky, quien denunció una presunta red rusa de operaciones informativas en Argentina, aseguró que al menos 250 notas habrían sido publicadas en medios argentinos con la intención de influir en la política y la sociedad, y reclamó una investigación judicial para determinar el alcance real de las maniobras.
Según explicó, la eventual difusión de esos contenidos no implica necesariamente la responsabilidad directa de los medios. “Hay que separar que no todo medio que esté involucrado en la publicación de una nota está comprometido. Bajo ningún punto de vista está involucrado, son algunos periodistas los que lo que hicieron es deshonrar esa cuestión de buena fe que tiene el medio para infiltrarlos”, afirmó. En ese sentido, consideró que podría tratarse de una “clara pérdida de confianza”, incluso contemplada dentro del marco de la legislación laboral argentina como causal de despido justificado.
En diálogo con A24, el letrado sostuvo que la magnitud del caso exige una investigación prudente y evitó adelantar una calificación penal definitiva. “Apresurarse a una calificación legal a veces hace frustrar la investigación", indicó y luego señaló que "por eso, la figura de averiguación de ilícito es la más prudente”. No obstante, remarcó que “seguramente hay algún medio que está directamente ligado, pero también hay que desligar responsabilidades y acá el responsable tiene que ser el periodista”.
Monastersky advirtió que la eventual intervención extranjera sería particularmente grave por su impacto en la discusión pública. “Habría un Estado metiéndose en la política interna argentina tratando de manipular a la sociedad a través de diferentes medios, con una magnitud por la cantidad de medios y de periodistas que pudieron perforar para introducir esas ideas y desestabilizar a un gobierno”, sostuvo. Y agregó que los hechos podrían encuadrarse en distintos tipos penales, aunque él en su denuncia puso el foco en la Ley de Inteligencia Nacional.
El abogado también cuestionó la escala del fenómeno. “La magnitud llama la atención, tantos medios, tantas notas. No hay antecedentes en la Argentina de 250 publicaciones en 20 o 25 medios. Es realmente asombroso y debe dar transparencia la Justicia”, afirmó.
En su planteo, insistió en que el objetivo principal es determinar responsabilidades y brindar claridad a la ciudadanía. “Cuando uno lee una noticia lo hace con tranquilidad, puede estar de acuerdo o no. Acá lo que estamos tomando conocimiento es que hay gente que no dice lo que uno está leyendo por una opinión, sino por un interés económico. Ahí lo vuelve grave y peligroso.”, explicó.
Además, sostuvo que muchas de las publicaciones habrían tenido un sesgo específico. “Muchas de esas críticas eran sobre el Gobierno nacional y sus políticas, y esa crítica era direccionada”, indicó al tiempo que vinculó el caso con episodios previos de tensión política.
Respecto de las medidas de prueba, Monastersky señaló que la investigación deberá establecer quiénes publicaron los contenidos y con qué finalidad. “La denuncia va a tener que corroborar por qué se publicaron esas notas, si existen periodistas propios, si alguien la firmó, si alguien solicitó esa publicación. Si ese periodista no existe, ya de por sí es grave, porque se estaría apoyando en una noticia falsa”, expuso.
También advirtió sobre la posibilidad de que algunos medios hayan sido engañados por empleados propios. “Puede haber medios que fueron engañados por una persona que tenían trabajando y que esas personas cobraron dinero. Eso lo vuelve peligrosísimo porque afecta la credibilidad”, sostuvo.
Finalmente, el abogado pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal y subrayó la gravedad institucional del caso. “Amerita que el fiscal haga una investigación seria y que el juez controle esa investigación. Si se llega a probar que buscaban desestabilizar al Gobierno nacional, es un hecho sin antecedentes por su magnitud y debe ser castigado con todo el peso de la ley, porque son circunstancias que pueden alterar el orden constitucional”, concluyó.
