Justicia

El Consejo de la Magistratura pidió habilitar sesiones extraordinarias para tratar la nueva ley

El Consejo de la Magistratura solicitó resolver lo ordenado por la Corte Suprema para que ese órgano vuelva a estar integrado por 20 miembros.
El Consejo de la Magistratura pidió habilitar sesiones extraordinarias para tratar la nueva le

El Consejo de la Magistratura pidió habilitar sesiones extraordinarias para tratar la nueva le

El Consejo de la Magistratura pidió hoy al Poder Ejecutivo que habilite sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional para resolver lo ordenado por la Corte Suprema para que ese órgano vuelva a estar integrado por 20 miembros.

Durante un plenario celebrado este lunes también se aprobó por unanimidad delegar en el presidente del Consejo, Diego Molea, la facultad de levantar la feria de enero para seguir trabajando sobre la elección de magistrados, abogados y académicos, a partir de que el máximo tribunal declarara inconstitucional la ley 26.080 que, en 2006, redujo a 13 los miembros del Consejo.

También se decidió que la secretaría general continuará con la conformación de padrones provisorios para la elección transitoria de jueces y letrados, ya que la Corte fijó un plazo de 120 días para cumplir con su fallo, dictado el 16 de diciembre último, vencido el cual, los actos del Consejo serán nulos.

El Consejo tendrá un plazo de 120 días para readecuar su funcionamiento y designar a los siete representantes que, según lo que determina el fallo de la Corte, hoy le faltan. En ese lapso, se deberá completar la formación de 20 integrantes y, en caso de no hacerlo, el Consejo no podrá continuar funcionando pues todas sus decisiones serán consideradas nulas.

La Corte consideró que la reforma de 2006 alteró el equilibrio en la representación de los distintos sectores que integran el Consejo: el político (senadores y diputados), los abogados, los jueces y los académicos.

Los jueces de la Corte le pidieron al Congreso que dicte una ley que establezca a futuro cuál será la formación y el funcionamiento del Consejo, respetando esa pauta de equilibrio que consideró alterada con la reforma vigente hasta hoy. El planteo de inconstitucionalidad había sido impulsado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que representa al ala más conservadora de la abogacía porteña.