De esta manera, el Gobierno consiguió un acuerdo con sus aliados en la antesala de una nueva disputa parlamentaria con la oposición, que pretende avanzar con la derogación del megadecreto.
La discusión en el plenario de comisiones
En el inicio del plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, el diputado radical Diógenes González propuso sumar dos artículos al dictamen. El primero, identificado como artículo 38, plantea dejar sin efecto el artículo 134 del DNU 70/2023, que había derogado la llamada ley de Tierras. El segundo, el artículo 39, establece restituir la vigencia de la Ley 26.737, que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Durante la discusión, la diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca, criticó el cambio de posición del oficialismo, al recordar que los libertarios habían promovido en el Senado la eliminación de esas restricciones y ahora respaldaban su restablecimiento.
“Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado”, expresó Penacca, quien también cuestionó que La Libertad Avanza acompañara una iniciativa contraria a la decisión adoptada por Javier Milei al firmar el DNU 70/2023.
“Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”, lanzó la legisladora durante su intervención.
Qué dice la ley de Tierras
La ley de Tierras, aprobada en diciembre de 2011 y restituida provisoriamente por la Corte Suprema, fija restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. Entre sus principales disposiciones, establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional, de cada provincia o de cada departamento. A su vez, determina que los titulares de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese cupo.
La normativa también prohíbe o limita la compra de tierras rurales que incluyan cuerpos de agua de relevancia, así como de terrenos ubicados en zonas de seguridad fronteriza.
En paralelo, el proyecto de .ey de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió media sanción del Senado a comienzos de agosto, contempla modificaciones en los procedimientos de expropiación, la restitución de inmuebles y los desalojos por falta de pago.
Sin embargo, si Diputados aprueba la iniciativa con los cambios introducidos durante el debate en comisiones, deberá regresar al Senado, donde los legisladores tendrán que analizar las modificaciones antes de avanzar con su eventual sanción definitiva.