Adorni vaticinó en ese marco que de acuerdo a las previsiones del Gobierno "vamos a pasar seguramente un diciembre muy tranquilo, como debe ser y debió haber sido siempre".
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"Cada uno hace lo que le parece mejor, nosotros sostenemos nuestro protocolo de orden público, no nos vamos a dejar extorsionar ni antes, ni ahora, ni en diciembre", advirtió el vocero de Milei.
Y tras admitir que "diciembre suele ser un mes caliente" y complejo en términos de memoria social por "la crisis de 2001", advirtió que con el actual gobierno "ni Navidad ni nunca. No van a poder cortar las calles, y si lo hacen no van a cobrar los beneficios sociales".
Adorni anunció además que el Gobierno pondrá nuevamente a disposición de beneficiarios de planes sociales "la línea 144 para denuncias de presiones y extorsiones" para participar de las protestas.
"La línea de denuncia sigue vigente y la respuesta es que cumplan con la ley, si no nos vamos a encargar que paguen con las consecuencias", agregó.
Otras fuentes consultadas por A24.com, confirmaron que en principio el Gobierno no evalúa por ahora otorgar beneficios sociales extras por las fiestas. "Falta una eternidad" dijeron las fuentes.
La ratificación del Gobierno de la aplicación del protocolo antipiquete ideado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, surge en medio de las denuncias judiciales presentadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos como el CELS y las críticas vertidas por el Papa Francisco a los operativos de represión de las últimas protestas, tras los graves incidentes ocurridos entre la policía y manifestantes que protestaban en septiembre en contra de la sanción de la Ley Bases y en contra del veto a la ley de movilidad jubilatoria.
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Después de esas marchas, Bullrich evitó aplicar el protocolo que prohíbe cortar la circulación de vehículos en las calles y rutas federales, en otras protestas multitudinarias como las dos marchas de estudiantes universitarios en defensa del Financiamiento Educativo.
Una de las organizaciones que convocan a protestar es la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que se ha convertido en una de las organizaciones gremiales más combativas en rechazo al modelo de La Libertad Avanza (LLA).
En el marco de un plan de lucha sostenido, ATE anunció un paro nacional por 24 horas para el 5 de diciembre y no descartó aplicar otras protestas en los próximos días. Informaron, además, que en las provincias habrá manifestaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas.
El paro se da en medio de la profundización del ajuste en el Estado anunciado por el Gobierno, que planea una nueva reducción del personal a partir de fin de año, luego de tomar exámenes de idoneidad a todos los empleados de organismos y empresas públicas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzengger, encabeza el plan de ajuste en el Estado y ratificó que entre diciembre de 2023 y septiembre de este año ya hubo 33.291 empleados menos trabajando en la administración pública nacional.
En la última semana se empezó a discutir en los sectores más combativos de la CGT como los gremios del Transporte y entre ellos, Camioneros, reclamos a la CGT para que convoque a un nuevo paro y movilización en contra del ajuste que impulsa Javier Milei,
“Si el presidente cree que va a avanzar con la reforma laboral, se va a encontrar con millones de trabajadores en las calles”, condenó Moyano y comentó que “se está hablando con las dos CTA, los movimientos sociales para que en diciembre haya una gran jornada de movilización o de paro general. Hay compañeros que quieren llevar adelante una nueva medida de fuerza”, dijo y completó que "hay que estar en la calle para seguir resistiendo y denunciando este modelo económico que tanto daño le está haciendo a los argentinos y no podemos mirar para otro lado".
Sin embargo, desde la cúpula de la CGT oficial descartaron por ahora la convocatoria en lo que resta del año y se mostraron dispuestos darle tiempo al Gobierno para avanzar en el diálogo y que además de avanzar en una reforma laboral y sindical, permita la recomposición de los salarios frente a la pérdida por la inflación y la devaluación del poder adquisitivo.