Milei enfrenta la marcha por el 49° aniversario del Golpe de 1976, y trata de evitar otra crisis institucional por los pliegos de los jueces de la Corte.
Javier Milei felicitó a las Fuerzas de Seguridad por el operativo medio de la Ley Bases: "Intentaron perpetuar un golpe de Estado". (Foto: gentileza Clarín)
El presidente Javier Milei terminó la semana de mayor tensión política con la oposición, en medio de denuncias de intento de golpe de Estado con un fuerte mensaje del Gobierno que se plegó a la teoría política de Max Weber que dice que el Gobierno tiene el "monopolio de la fuerza" para garantizar el "orden público". En ese marco, Milei ordenó un mayor despliegue de fuerzas federales para festejar que "le ganó la calle al kirchnerismo y a la izquierda".
La semana que pasó pudo haber sido trágica para el Ejecutivo con marchas, sesiones por el FMI y Cripto; no lo fue. Ahora se esperan tres nuevos desafíos que marcarán el pulso de la semana: el Día de la Memoria, los detalles finales del acuerdo con el FMI y los jueces de la Corte Suprema.
El mensaje de la Casa Rosada ante la nueva marcha en reclamo de aumento a los jubilados y las protestas contra del nuevo acuerdo con el FMI, fue que "Milei está dispuesto a hacer lo que sea necesario", lo que incluye: "reprimir todo atentado" en las calles, transporte público o contra instituciones de la república, como el Congreso, para seguir adelante con el plan de reformas económicas, políticas y sociales libertarias.
La Casa Rosada busca con lo que llama "la batalla cultural", deslegitimar en este año electoral y en medio de la incertidumbre sobre la marcha del plan económico, a todas las protestas políticas y sociales en contra del ajuste y las enmarca en "intentos de desestabilización" organizados por "la casta que pierde sus curros" con las medidas desreguladoras y anticorrupción del gobierno.
Max Weber consideraba que el monopolio de la fuerza era el rasgo que distinguía al Estado moderno de otras formas de organización política. Este monopolio se refiere al derecho exclusivo que tiene el Estado de usar la fuerza física y militar de manera legítima.
El mismo miércoles, el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona difundió el proyecto de reforma del Código Penal que presentará el Gobierno este año al Congreso, para aumentar las penas de 2 a 5 años para aquellos que atenten contra la seguridad pública en concentraciones y protestas. Lo que aumenta las penas a 9 años de prisión a aquellos que agredan a efectivos de seguridad.
Eso se agregó el mensaje orwelleano que emitió en vivo el Gobierno en audios y videos difundidos por carteles y altoparlantes en las estaciones de trenes, colectivos y en las redes sociales. Según explicaron en Casa Rosada fue "para desincentivar las protestas violentas".
El operativo por el que fue felicitada la ministra Patricia Bullrich a pesar de las denuncias de excesos de las fuerzas en la marcha anterior, fue diseñado en una cumbre realizada el lunes en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo con Bullrich, los jefes de la SIDE, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio y el secretario de Transporte, Franco Moggeta.
Se movilizaron más de 2000 policías, gendarmes prefectos y efectivos de la PSA armados con cascos antigás, bastones, gases lacrimógenos y chalecos, además de tanquetas hidrantes, camiones y móviles. Pero para evitar los desbordes que se vieron en la marcha del 12 de marzo, el gobierno ordenó cambios en el operativo separando a los efectivos de los manifestantes a través de vallas. Esta vez no hubo graves incidentes.
Con este antecedente, Milei enfrenta este lunes en el 49° aniversario del Golpe de Estado Cívico militar de 1976, otra masiva marcha por el Día de la Memoria convocada por los organismos defensores de los Derechos Humanos, la CGT, y partidos de la oposición, a la Plaza de Mayo a partir de las 16,30.
En la Casa Rosada celebraron haberle "ganado el control de la calle al kirchnerismo y a la izquierda", pese a tratarse del gobierno más débil a nivel de poder institucional de la historia, sin gobernadores ni intendentes propios y con bloques de diputados y senadores en minoría.
En ese marco, redobló la apuesta y cuestionó las nuevas protestas anunciadas por la CGT que prepara su tercer paro general para el 10 de abril y convoca a movilizaciones el 24 de marzo contra el Golpe de 1976 y el 9 de abril con los jubilados, tras denunciar que "el gobierno congela jubilaciones y salarios" para salir de la crisis de inflación con recesión.
En el medio, el Gobierno ratificó que el problema de los jubilados "no tiene solución en el corto plazo" y que la prioridad sigue siendo el "equilibrio fiscal" para bajar la inflación. Esta semana el vocero Manuel Adorni descartó que el gobierno esté analizando un nuevo aumento. pese a la ola de protestas en reclamo por mejorar los haberes de los jubilados.
TMAP, dijo en redes sociales la cuenta atribuida al estratega político de Milei, Santiago Caputo la abreviatura del mantra sobre el cual se apoyó todo el gobierno: "Todo Marcha Acorde al Plan".
La vicepresidenta Victoria Villarruel logró frenar la sesión especial que pedía el jueves la oposición en el Senado para rechazar los pliegos de los candidatos del Gobierno a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. La Casa Rosada empieza una semana de raudas negociaciones con aliados de la oposición, y evitar una eventual crisis institucional.
El círculo que rodea al presidente sostiene que buscará el aval para los dos pliegos. Aunque la prioridad de la Casa Rosada es conseguir los votos para que el Senado apruebe el pliego de Lijo, que a pesar de haber sido designado por decreto como miembro de la Corte, aún no pudo jurar porque no está dispuesto a renunciar a su cargo en la justicia Federal de Comodoro Py, como le pide el resto de los magistrados del máximo tribunal.
En el Gobierno no preocupa, en cambio, que el Senado rechace el pliego de García Mansilla. Sostienen que no sería grave, ya que el juez ya juró ante la Corte tras ser designado en comisión por un año por decreto presidencial y aseguran que seguirá en funciones al menos hasta noviembre de 2025.
En un marcado alineamiento a la Casa Rosada, cerca de Victoria Villarruel destacaron como un logro de la vicepresidenta que la caída de la sesión especial que intentó el mismo jueves el kirchnerismo para votar en el recinto los pliegos de Lijo y García Mansilla: "Logramos ganar tiempo al posponer el tratamiento 2 semanas más", para el 3 de abril, para que el Ejecutivo siga negociando los apoyos, señalan cerca de la Vice, donde reconocen los riesgos de "una nueva crisis institucional".
