El Ejecutivo nacional desplazó a la administración local por un año tras detectar desvíos de recursos y fallas operativas. El gobernador Gustavo Melella anunció que irá a la Justicia.
El Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia y la provincia prepara una batalla judicial
El gobierno de Javier Milei dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por el plazo de un año, tras una auditoría que detectó irregularidades en el manejo de fondos, falencias operativas y problemas de seguridad. La medida fue instrumentada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y quedó formalizada este jueves con su publicación en el Boletín Oficial.
La resolución, identificada como 4/2026 y firmada por el titular del organismo, Iñaki Arreseygor, establece que el Estado nacional asumirá de manera directa la administración técnica, operativa y administrativa de la principal terminal marítima fueguina. El texto oficial aclara que la intervención podrá prorrogarse si las anomalías detectadas no son corregidas dentro del plazo previsto.
Según informaron desde la ANPYN, las inspecciones realizadas durante el año pasado revelaron que recursos generados por la actividad portuaria fueron utilizados para fines ajenos a su mantenimiento, en contravención a la normativa vigente. A esto se sumaron deficiencias en la infraestructura del muelle, ausencia de protocolos de seguridad adecuados y una falta de respuestas formales por parte de las autoridades provinciales frente a las observaciones realizadas.
Desde el organismo nacional señalaron además que la decisión se tomó luego de denuncias elevadas por trabajadores portuarios, advertencias de empresas navieras y reiterados pedidos de regularización que no habrían tenido respuesta. El escenario se agrava por el hecho de que la intervención se produce en plena temporada de cruceros, uno de los momentos de mayor actividad en el puerto austral.
La medida desató un fuerte conflicto político con el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El gobernador Gustavo Melella cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional y sostuvo que el funcionamiento de la terminal “no se encuentra comprometido”.
Desde la administración fueguina confirmaron que presentarán acciones judiciales para intentar frenar la intervención, al considerar que la resolución vulnera la autonomía provincial.
“Estamos frente a un avasallamiento muy grave sobre las facultades de la provincia”, señalaron fuentes oficiales.
En ese sentido, indicaron que ya se trabaja en una estrategia legal con el objetivo de que la Dirección Provincial de Puertos recupere el control pleno de la terminal de Ushuaia.
“La respuesta será por la vía judicial. Vamos a recurrir a la Justicia”, aseguraron desde el entorno del gobernador.
