El Gobierno presentó ante la justicia el informe para justificar la reforma laboral vía DNU. (Archivo)
El Gobierno nacional presentó hoy el informe con el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del DNU de Javier Milei, informaron fuentes judiciales.
Se trata de uno de los pasos que debían darse para que la justicia pueda avocarse a analizar la validez del capítulo cuestionado: una vez que el ministerio público fiscal emita su opinión, y tras analizar la admisibilidad del planteo en cuestión, la justicia laboral estará en condiciones de dictar sentencia.
"Solo persigue ni más ni menos que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial", se sostuvo en el informe del Estado Nacional.
En el texto de más de 90 páginas al que accedió Télam, se señaló que las reformas laborales, en general, "consisten en dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción laboral de colectivos de personas que presentan obstáculos para acceder al mercado de trabajo, incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito laboral".
En ese sentido, se remarcó que los indicadores que justificarían una reforma como la pretendida en el DNU son, según la presentación del Gobierno, los siguientes:
En el informe, se señaló además que el Gobierno eligió la vía del DNU 70/23 porque "resulta clara la severidad de la situación en la que se encuentra la República Argentina, afectada por una crisis tanto económica como social que puede derivar en un deterioro aún mayor y más grave si no se comienza a solucionar la enorme cantidad de problemas originados en esa crisis".
"Frente a este cuadro de situación resulta imperativo adoptar medidas urgentes que ayuden a poner en marcha al país, otorgando mayor libertad a las fuerzas productivas que caracterizan a nuestra República para lo cual la desregulación es una de las herramientas importantes a adoptar", se remarcó.
"El enmarañado, riguroso e intervencionista sistema de regulaciones de la economía produjo y produce efectos de enorme negatividad que no permiten la generación de riqueza y, por ende, la búsqueda del bienestar general", agregaron los presentantes de Estado Nacional.
"No hay razón alguna para las invocaciones apocalípticas que anuncian el fin de la República o similares, ya que están abiertos todos los resortes del control parlamentario y judicial. Por otro lado, el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia es un instrumento propio de nuestra arquitectura constitucional, por lo que no existe tal avasallamiento republicano", aseveraron.
El documento lleva la firma de la abogada Jorgelina Sonzogno, abogada, en representación del Estado Nacional - Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del ministerio de Capital Humano, continuador del exministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados de la Argentina contempla, entre otras cosas, la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
