Javier Milei, entre Davos y la Ley ómnibus. Una semana de incertidumbre para el gobierno que espera apoyo del congreso para las reformas. Foto: Presidencia.
Era semana crucial para avanzar en la búsqueda de consensos en el Congreso para la aprobación de la ley ómnibus. Debían mostrar apoyo de la oposición en el Congreso para mostrar gobernabilidad en los primeros 100 días de gobierno. Pero el presidente Javier Milei terminó perdiendo un tiempo vital, al privilegiar la estrategia de instalarse en los medios como un nuevo líder de la ultraderecha liberal mundial.
Milei terminó la semana resignando horas de negociaciones con los bloques de diputados de la oposición y posibles aliados, pero a costa de reconocer que tuvo que ceder en muchos artículos clave, como bajar de 4 a 1 año la emergencia económica y política que le permitiría aplicar las reformas prometidas para bajar el déficit y la inflación.
Milei partió rumbo a Davos el lunes y dejó en manos de su mesa chica política -que esta semana quedó consolidada- las negociaciones con el Congreso: el ministro del Interior, Guillermo Francos, el asesor y estratega político, Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Fueron ellos los que vía telefónica convencieron al presidente de la necesidad de ceder y mostrar al gobierno con cierta racionalidad democrática, para que la Ley Bases no termine naufragando en los pasillos parlamentarios y de la Casa Rosada.
En la Casa Rosada afirmaban que "la Ley Bases no se negocia" y solo considerarían "sugerencias de la oposición y sectores afectados por los cambios". Sin embargo, la ola de rechazos de varios sectores económicos y productivos, junto con la falta de respaldo político interno para el proyecto, expuso la debilidad de un Gobierno de LLA. Este busca mantener su legitimidad principalmente en la opinión pública, a través de las redes sociales y su mensaje en los medios de comunicación.
Milei privilegió mostrar la batalla contra las regulaciones del Estado ante los máximos líderes políticos y económicos que participaron del Foro de Davos como mensaje a los que lo miraban desde Buenos Aires. Que no está dispuesto a dejarse presionar y que su proyecto sigue firme pese a no alcanzar el quorum.
Recién el viernes a última hora, después del regreso de Milei se difundieron los puntos del principio de acuerdo en Diputados y el gobierno pudo respirar con cierto alivio para empezar a creer que se acerca a una salida consensuada para los objetivos trazados en la ley ómnibus.
Lejos de la pretención de Milei para que el Congreso sesione este sábado o domingo, algo que solo ocurrió en el país en situaciones de extrema tensión social, ahora la Casa Rosada se conforma con que el lunes continúen las negociaciones para terminar plasmando escrito en papel un dictamen conjunto con sectores opositores.
De sellar ese acuerdo, el objetivo del Gobierno es que sea votado el próximo martes en comisión y poder llevarlo al recinto de Diputados el jueves 25, un día después del paro general de la CGT.
El costo que tuvo que pagar Milei para conseguir que los opositores no kirchneristas lo acompañen en el Congreso, tuvo como principal eje la reducción del plazo de la delegación de poderes legislativos a 1 año, y no los 4 que había pedido en el proyecto original.
El Gobierno también tuvo que ceder y dar marcha atrás con la inclusión de YPF en la lista de 41 empresas que piensa privatizar y retrocedió en otra medida que había puesto en contra a todos los sectores exportadores y productores del campo: el aumento de las retenciones a las exportaciones quedarían en cero, según el primer punteo de la nueva propuesta enviada por Guillermo Francos al Congreso.
Otras concesiones de Milei a gobernadores, que se quejaron esta semana en la Casa Rosada y amenazaron con darle la espalda al Gobierno, sería la marcha atrás en la desregulación de las leyes de hidrocarburos, biodiésel, pesca que figuraban entre los 663 artículos de la mega ley.
La derogación de la ley de movilidad jubilatoria que había sido rechazada de plano por los bloques del PRO, la UCR y el bloque Coalición Federal, que agrupa a peronistas no K, y referentes de la Coalición Cívica y ex PRO, siguen negociando la posibilidad de imponer una fórmula que comprometa al Poder Ejecutivo a que los aumentos no sean discrecionales, sino a partir del índice de inflación mensual.
En el Gobierno ya hablan de un otorgar un aumento inminente del 3% a jubilados para recuperar lo perdido por la inflación en 2023.
Esas son algunas de las concesiones que tuvo que aceptar Milei para conseguir la promesa de los jefes de bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, entre ellos diputados que responden a gobernadores para firmar un dictamen con un nuevo texto de las "bases".
Ahora el Gobierno cuenta las horas hasta afinar el texto final de la ley, que de no haber ningún contratiempo, tendría dictamen de comisión el martes, y sería votada en Diputados un día después del paro general de la CGT.
Otra de las batallas abiertas por Milei es la de la legalidad del DNU que está vigente en general, pero cuyo artículo de la reforma laboral sigue frenado en la justicia a raíz de los recursos de amparo presentados por la CGT y distintos gremios, y que ahora debe definir la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno busca que el DNU permanezca vigente. De acuerdo con el reglamento parlamentario, que requiere el voto de ambas cámaras del Congreso para anular los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo, esto retrasa la apertura del debate en el Senado. La demora se debe a la falta de consenso con la oposición para la formación de la Comisión Bicameral y, por ende, el inicio del tratamiento en el Senado
La otra batalla para la que se prepara el gobierno, es la nueva protesta este miércoles 24 de enero, que además incluirá una movilización que servirá para aglutinar al peronismo.
Por otro lado, Milei se prepara para volver a aplicar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Desde la Casa Rosada se informó que volverán a habilitar la línea de teléfono gratuita 134, para igual que ante las protestas de movimientos sociales, trabajadores que no quieran adherir al paro, puedan hacer denuncias anónimas en contra de dirigentes sindicales que los presionen.
En ese marco, el Gobierno volvió a enviar un mensaje ambiguo. Por un lado, demora la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para definir aumento desde enero, por otro, ordenó descontar las horas a los empleados estatales que adhieran al paro en contra del DNU, pero terminó la semana acordando en la primera reunión de negociación paritaria con estatales, un aumento mensual del 16 % para enero.
