Este lunes sale a la calle para reclamar la inconstitucionalidad de la nueva ley ¿Cuáles son los cuestionamientos que llevará a la justicia?
La CGT aspira a congelar la reforma laboral llevando un planteo de inconstitucionalidad a los Tribunales. El primer paso será marchar este lunes 2 de marzo al Palacio de Justicia a las 11 horas para anticipar su estrategia contra la ley que acaba de sancionar el Senado.
Los abogados de la central obrera están analizando replicar lo que sucedió con el DNU 70/2023, cuando la Cámara Nacional del Trabajo suspendió a través de una medida cautelar la aplicación del capítulo IV que correspondía a la modernización de las relaciones laborales.
Recordemos que la discusión de la legalidad de esa norma llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hasta ahora no se pronunció sobre la cuestión de fondo.
No obstante, ese proceso judicial corresponde a la reforma laboral que el presidente Javier Milei impuso por decreto, mientras que este nuevo litigio sería contra una ley avalada por el Congreso nacional.
Desde el Gobierno intentarán reducir el riesgo de judicialización de la reforma laboral ajustando la letra de la reglamentación.
En una reunión de la mesa chica de la Confederación General del Trabajo, los líderes sindicales terminaron por aceptar que no alcanzaron las conversaciones con gobernadores, diputados y senadores para evitar que se vote el proyecto de reforma laboral. Por eso resolvieron llevar la pelea a Tribunales con la expectativa de que sea el Poder Judicial el que le ponga freno.
Uno de los secretarios generales de la central obrera, Jorge Sola, advirtió que están analizando la presentación judicial respecto de la inconstitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral.
Los abogados de la CGT planean pedir el rescate del principio de protección del trabajador consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Hace semanas están trabajando en un recurso contra lo que consideran el retroceso de derechos laborales en el cálculo de indemnizaciones, banco de horas, período de prueba y derecho a huelga.
De acuerdo con la nueva ley, el cálculo de indemnizaciones excluye el aguinaldo, las vacaciones, premios y otros beneficios. Si la desvinculación de un empleado llega a juicio, el monto de una eventual sentencia se actualizará por inflación más un plus del 3 por ciento anual, y se podrá abonar en cuotas.
También rechazan la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) de aplicación optativa, que financiarán los empleadores a través del desvío de los aportes patronales del ANSES (las grandes empresas 1% y las PyMES 2,5%).
El banco de horas también genera controversias porque permite reducir el pago de las extras trabajadas por un empleado, y habilita un sistema de compensación con días libres o jornadas de trabajo reducidas.
Sobre el derecho a huelga, la nueva norma amplía el listado de servicios esenciales que deberán garantizar una prestación mínima del 75 por ciento de su funcionamiento normal. Antes de la reforma esta obligación era solamente para trabajadores de la salud, servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y control de tráfico aéreo. Ahora se incorporan telecomunicaciones, aeronáutica comercial, servicios aduaneros y migratorios, educación, transporte de caudales y seguridad.
A su vez, crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que deberán brindar una prestación mínima del 50 por ciento. Incluye a la industria de medicamentos, el transporte de pasajeros y mercadería, radio y televisión, e industrias como siderurgia, aluminio, química, bancos, hotelería, gastronomía y comercio electrónico.
Otra de las preocupaciones de los gremios es la falta de claridad en la letra de la ley sobre el alcance de su aplicación para todos los trabajadores o solo para los nuevos contratados. En ese aspecto, señalan que podría implicar un retroceso en derechos laborales adquiridos.
Los abogados de la CGT discuten si les conviene presentar el recurso contra la reforma laboral en el fuero del trabajo que evalúa la afectación de derechos laborales, o en el contencioso administrativo, que abarca los conflictos donde una de las partes es el Estado.
El dilema es que la Asociación de Magistrados (AMFJN) también planea ir contra la ley que acaba de sancionar el Congreso porque sostienen que dispone la disolución del fuero Nacional del trabajo al transferir sus competencias a la ciudad de Buenos Aires. Con su demanda acudirán al fuero contencioso administrativo.
En este caso, el artículo 91 de la Reforma Laboral aprueba el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La medida implica el cierre inmediato de 30 juzgados laborales nacionales que están vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
