El Gobierno apuntó contra los senadores por no tratar los pliegos de los jueces
El comunicado de dos páginas difundido este martes por presidencia hace un repaso del proceso por el cual el Poder Ejecutivo buscó designar a ambos jueces en la Corte.
"El 20 de marzo de 2024, el Presidente de la Nación comunicó su decisión de nominar a los doctores Manuel Garcia Mansilla y Ariel Lijo, y enviar sus pliegos al Senado de la Nación para a correspondiente acuerdo como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", comienza.
Y recuerda: "Tras cumplirse las audiencias del Dr. Lijo, el 21 de agosto, y del Dr. Garcia-Mansilla, el 28 del mismo mes, ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen y que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado de la Nación".
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Audiencia de Ariel Lijo en el Senado para tratar su candidatura.
Sin embargo, no hubo tratamiento a los pliegos durante el período de sesiones ordinarias, por lo tanto "el Presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias".
"Desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo", marca el comunicado.
Asimismo, señala que "la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva aus problemas".
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Manuel García-Mansilla en el Senado.
"La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos", apunta.
Y recuerda: "Una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República".
Ante la falta de respuesta del Senado, Milei avanzó por decreto
El presidente Javier Milei decidió nombrar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto para completar la composición de la Corte Suprema que hoy, luego de la salida de Juan Carlos Maqueda y la jubilación de Elena Highton de Nolasco, quedó funcionando con tres integrantes.
Tal como había anticipado A24.com, Milei tenía listo el decreto para designar a los jueces y evaluaba publicarlo en el Boletín Oficial de este miércoles 26 de febrero. A su regreso de Estados Unidos, Milei mantuvo reuniones en un marco de total hermetismo en la Quinta de Olivos y tomó la decisión de firmar el decreto antes de inaugurar este sábado las sesiones ordinarias del Congreso.
"El Presidente quiere tener a los 5 jueces de la Corte Suprema sentados en el Congreso este sábado", había anticipado una alta fuente de la Casa Rosada el lunes ante la consulta de A24.com.
En Casa Rosada ya dan por cerrada la posibilidad de acordar con la oposición para convocar a una nueva sesión del Senado para votar el pliego de Lijo; si bien ya tenía los votos de dictamen de comisión -y solo restaba que los senadores votaran en el recinto para designarlo formalmente- la semana pasada, en medio de la polémica del escándalo criptogate, la oposición kirchnerista dejó caer la sesión y quitó su apoyo a los dos candidatos del Gobierno a la Corte.
En caso de confirmarse su designación como juez de la Corte Suprema, Lijo deberá renunciar o, en todo caso, según las mismas fuentes, solicitar una licencia en su juzgado federal luego de que la designación por decreto sea admitida en el Senado.