Una referente de la Red de Prestadores de Buenos Aires cuestionó las auditorías masivas del gobierno de Javier Milei y alertó sobre un patrón de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
La referente de la Red de Prestadores de la Provincia de Buenos Aires, Laura Lavega, volvió a poner en el centro del debate público las políticas destinadas a personas con discapacidad, tras la eliminación de más de 100.000 pensiones no contributivas durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. “Según quién gobierne se amplían o se achican los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó la especialista.
Las bajas fueron justificadas por el Ejecutivo bajo el argumento de "auditorías por irregularidades", pero organizaciones sociales, prestadores y familias denuncian que las suspensiones afectan directamente el acceso a tratamientos, cuidados y necesidades básicas. Desde el Ministerio de Capital Humano no se detallaron los criterios aplicados para la depuración del padrón.
“Las pensiones no son un privilegio, son un derecho. Si hay irregularidades, que se investiguen, pero no se puede cortar el ingreso de miles de familias de un día para el otro”, sostuvo Lavega en una publicación que circuló en redes sociales. Su intervención coincidió con la reactivación de reclamos en distintos puntos del país y con el tratamiento parlamentario del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, las pensiones por invalidez sufrieron un recorte del 1,74%, y se registraron bajas masivas que debieron ser restituidas por la vía judicial. En ese contexto se creó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuya capacidad operativa fue rápidamente desbordada por la magnitud de los ajustes.
El período 2019-2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández, mostró una leve recuperación, con un incremento del 16,1% en el número de pensiones. Sin embargo, la alta inflación y la crisis económica limitaron el impacto real de esa mejora, que no logró recomponer el poder adquisitivo de las prestaciones.
Con la llegada de Javier Milei al poder, el escenario se endureció nuevamente. La eliminación de 110.000 pensiones reactivó denuncias de "ajuste encubierto" y dejó en evidencia la falta de diálogo con las organizaciones del sector. "La discapacidad sigue siendo una variable de ajuste según el signo político de turno", denunció Lavega.
En contraste con el panorama actual, especialistas recuerdan que el sistema de pensiones por invalidez tuvo una etapa de fuerte expansión entre 2003 y 2015, cuando se abandonó el esquema de “alta por baja” y se promovieron leyes clave como la 22.431 y la 24.901. Durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, las pensiones crecieron en un 425%, y se incorporaron criterios normativos que luego dieron origen al Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La implementación de la Asignación Universal por Hijo con monto diferencial por discapacidad, en 2009, permitió cubrir a familias fuera del sistema formal, un cambio de impacto profundo en la vida cotidiana de miles de niños y niñas.
“No se trata de defender un partido u otro, sino de exigir que no se vulneren derechos adquiridos”, advirtió Lavega. La discusión legislativa en torno a la emergencia en discapacidad abre una oportunidad: dar una respuesta integral, estable y despartidizada.
