En la previa de la discusión en Diputados, una consultora preguntó que opina la gente sobre la universidad pública: 8 de cada 10 creen que debe ser financiada por el Estado.
El 64,3% de la población opina que los diputados deberían rechazar el veto presidencial al financiamiento universitario y restituir los fondos para las casas de estudio, según una encuesta nacional de Proyección Consultores realizada entre el 13 y el 16 de septiembre. La misma revela también que el 83,6% está de acuerdo con que el Estado financie las universidades y promueva el acceso para toda la población.
La encuesta se conoce en medio del debate que va a encarar la Cámara de Diputados para insistir en la Ley de Financiamento Universitario que recompone el presupuesto a los noveles de noviembre de 2023, cuando este superaba -actualizado a hoy- los 7,2 billones de pesos; Milei está propiniendo recién para 2026 que sea de 4,8 billones.
La medida del presidente Javier Milei de vetar el presupuesto universitario genera un amplio rechazo: el 68,7% está en desacuerdo, mientras que solo el 26% la respalda. En términos políticos, el 71,2% cree que esta decisión perjudicará la imagen presidencial.
El relevamiento se basó en 1.297 casos efectivos, con método CAWI y un margen de error de ±2,72%. La muestra se ajustó según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo y regiones.
El 88,9% de los encuestados tiene una visión positiva de la universidad pública argentina, mientras que solo el 8,5% la evalúa de forma negativa. Las principales representaciones asociadas son "igualdad de oportunidades" (63,1%) y "excelencia académica y formación de profesionales" (62,5%).
El 94,1% considera que la universidad pública es importante para el desarrollo nacional, destacando su rol en la formación de profesionales, la generación de conocimiento, la igualdad de oportunidades y el prestigio internacional.
Más de la mitad (57,6%) cree que la universidad argentina es mejor que la mayoría de las de la región, mientras que un 26% la sitúa en un nivel similar.
Entre las principales consecuencias del veto, el 48,4% teme el cierre de carreras y el 47,4% anticipa la salida de docentes e investigadores, según la consulta. Además, el 38,2% advierte un posible deterioro de la infraestructura y el 37,5% prevé una menor matrícula estudiantil.
Solo un 15,6% cree que no pasará nada o que no habrá consecuencias significativas, mientras que el resto manifiesta algún grado de preocupación por el impacto.
El apoyo al financiamiento estatal de la universidad no solo es mayoritario sino también transversal, con un 83,6% de acuerdo frente a un 13,4% que se opone. Dentro de ese apoyo, un 55,4% lo manifiesta como "muy de acuerdo".
Para la mayoría, el rol del Estado en este ámbito está asociado a garantizar derechos y sostener un sistema que permite movilidad social y desarrollo nacional, según se desprende de las representaciones sociales relevadas.
Diputados debatirá en la tarde del miércoles el veto que impuso Milei a la ley de financiamiento universitario. Milei necesita 86 votos para garantizar el veto e impedir que la ley entre en vigencia. Durante la votación anterior de la ley, apenas habían conseguido 75 votos de rechazo, por lo que le faltarían 11 en caso de que todos los legisladores voten.
En caso de que Diputados insista en la ley de financiamiento, el Senado deberá tratar el veto. Por la composición de la Cámara alta, se descuenta que ahí el resultado también va a ser adverso para el Gobierno.
