Según lo aprobado por el Congreso:
- Las partidas presupuestarias de 2023 y 2024 se actualizarían por inflación acumulada.
- Las partidas de 2025 se ajustarían bimestralmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- También se prevé una recomposición salarial para docentes y no docentes tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de esta ley equivale al 0,23% del PBI. Para el Gobierno, este monto es incompatible con su meta de déficit cero y su política de recorte del gasto público. Sin embargo, para el sistema universitario, estas partidas resultan esenciales para evitar la parálisis de actividades, el deterioro de edificios y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
La ley de Emergencia Pediátrica: un reclamo simbólico
La segunda iniciativa es la Ley de Emergencia Pediátrica, que apunta a reforzar el presupuesto de los hospitales pediátricos de todo el país, con especial atención en el Hospital Garrahan, uno de los centros de referencia más importantes de Latinoamérica.
La OPC calculó el costo fiscal de la medida en 133 mil millones de pesos, una cifra que distintos especialistas consideran baja en relación al presupuesto total de salud.
Para los impulsores de la ley, se trata de un reclamo en gran medida simbólico, que busca garantizar recursos mínimos para atender la creciente demanda en pediatría y mejorar la infraestructura y el equipamiento de los centros de salud.
Desde el Gobierno argumentan que el veto responde a una supuesta “mala administración” de los fondos en el Garrahan. Sin embargo, funcionarios del hospital señalaron que sus cuentas estaban equilibradas y que todo superávit debe reinvertirse en mejoras para los pacientes.
discapacidad y el Congreso
Un debate con alto voltaje político
El tratamiento de los vetos ocurre en un contexto de alta conflictividad social. Este miércoles, la Marcha Federal Universitaria volverá a llenar las calles para exigir la restitución de fondos y el financiamiento del sistema educativo. A la protesta se sumarán organizaciones de jubilados, gremios y partidos opositores.
Para la oposición, la discusión no se limita a cuestiones presupuestarias, sino que representa un mensaje político frente al plan de ajuste del Gobierno. En cambio, desde el oficialismo sostienen que la ratificación de estas leyes podría afectar el equilibrio fiscal y poner en riesgo los avances económicos logrados hasta el momento.
Si Diputados consigue la mayoría especial para insistir con las leyes, los vetos de Milei quedarían sin efecto y el Poder Ejecutivo estaría obligado a promulgar las normas. Si no lo logra, las leyes quedarán definitivamente archivadas.