El jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidió jugar fuerte contra la suspensión de la presencialidad. Minutos antes del encuentro con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el gobierno porteño presentó el amparo ante la Corte Suprema contra la decisión unilateral del Presidente. En estos instantes, Larreta está reunido con el primer mandatario, quien decidió que, al término del encuentro, dará una conferencia de prensa, aunque sin la presencia del titular de la Ciudad.
Restricciones
Expectativa en Olivos: anuncian una conferencia de Alberto Fernández tras la cumbre con Rodríguez Larreta
Minutos antes de la reunión, el jefe de gobierno porteño presentó un amparo contra la suspensión de las clases presenciales.
Alberto y Rodríguez Larreta, en Olivos. (Foto: Presidencia)
Larreta y Diego Santilli, vicejefe del gobierno porteño, acudieron a Olivos para discutir con Fernández las nuevas medidas medidas implementadas desde hoy en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para frenar la ola de contagios de coronavirus, entre ellas la suspensión de las clases presenciales por 15 días a partir del lunes.
El gobierno porteño interpuso hoy una acción amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 241/2021 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso -entre otras medidas- la suspensión de las clases presenciales desde el lunes próximo y por 15 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para mitigar la segunda ola de coronavirus.
La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, e incluye a toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia.
La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, e incluye a toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia.
En su presentación, realizada ante el Máximo Tribunal, la Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado".
En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto "viola la autonomía de la Ciudad" e "implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación".
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