El 18 de diciembre la Corte Suprema dará a conocer el fallo sobre el índice que se debe aplicar en los casos de los jubilados que iniciaron juicios contra el Estado por la actualización de haberes. Lo más probable es que los jueces del máximo tribunal fallen a favor del "ISBIC", un índice que toma en cuenta los salarios promedio de la industria y la construcción, en contra del "RIPTE", que mide la remuneración promedio en general. La diferencia no es menor: implica un costo que puede trepar hasta los $70.000 millones para el gobierno nacional.











