Tras el anuncio de la intervención de la cerealera Vicentin, distintas voces políticas salieron a dar su opinión a favor y en contra. Dionisio Scarpin -intendente de Avellaneda, en Santa Fe- dialogó con #Doman910, por Radio La Red, y criticó duramente la medida de Alberto Fernández: la tildó de “apresurada”, negó que los puestos de trabajo estuviesen en peligro y que la empresa estuviese al borde de la quiebra. Además, señaló que hubo manifestaciones porque “la gente tenía mucha bronca”.
"Creo que Alberto se dejó llevar por información falsa. No creo que el Presidente tenga la información de lo que pasa, sino es una cuestión ideológica y no de intentar salvar una empresa o puestos de trabajo porque Vicentin siempre pagó todos los sueldos. No estaba en peligro de quiebra", explicó.
"Esta es una empresa familiar, que nace en el interior profundo del país y que hoy sigue manejada por la familia. Que borren de un plumazo tanto esfuerzo y sacrificio es muy difícil. Tenemos bronca e impotencia por la decisión que se ha tomado, que a nuestro juicio es apresurada", comenzó el intendente.
Respecto a la presunta situación de fragilidad de Vicentin, Scarpin manifestó: “Los puestos de trabajo nunca estuvieron en duda. Las unidades de negocios de la empresa siempre siguieron trabajando. No es cierto lo que dicen: la empresa no iba a la quiebra. Es una decisión apresurada. No se han evaluado otras alternativas".
El ministro de Producción, Matías Kulfas, había indicado que esto era “un caso ejemplar” para lograr la soberanía alimentaria. Sin embargo, para Scarpin "la soberanía alimentaria se consigue incentivando a los productores para que produzcan más o dando facilidades a las empresas para hacer emprendimientos con agregados de valor".
"Hubo una manifestación muy grande porque la gente tenía mucha bronca. Vicentin siempre ha trabajado con el Banco Nación y solo una vez no pagó un crédito. ¿Cuántos antecedentes hay de que el Estado haya hecho esto?”, manifestó el intendente, y agregó: “El CEO de la empresa me ha confirmado que irán a juicio para evitar la expropiación. Jurídicamente hay dudas sobre si el Presidente puede meterse en estas cuestiones por decreto”.
