El acampe en la 9 de Julio. (Foto: NA).
Por debajo de la parafernalia de la protesta y la larga hilera de carpas y familias en la 9 de Julio, la pulseada por los planes sociales esconde otra trama: la disputa entre las organizaciones y los intendentes del conurbano por el control de los beneficiarios, lo que pone a ambos sectores en una situación de enfrentamiento.
Entre el pliego de demandas, los piqueteros conducidos por el Polo Obrero incluyen que quienes reciben el plan Potenciar Trabajo puedan tener "libre elección" de la organización en la que encuadrarse, lo que colisiona con el poder que tienen los intendentes sobre esa porción de la comunidad asistida por el Estado.
Como ya contó este portal, las organizaciones sociales rechazan la resolución 1868 del Poder Ejecutivo, publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre pasado y que establece que, si un beneficiario de un plan quiere cambiar la tutela bajo la cual desempeña sus tareas, no puede elegir libremente según su antojo sino que será el Ministerio de Desarrollo Social el que defina ese destino.
Según el texto de la normativa, que lleva la firma del ministro del área, Juan Zabaleta, es esa cartera la que “validará y dispondrá el traspaso efectivo de los/as titulares que lo hubieran solicitado al inicio de cada mes”.
Que sea el ministerio el responsable de “asignar la nueva Unidad de Gestión” es considerado por las organizaciones como un embate contra la “libertad de elección” de quienes reciben el Potenciar Trabajo, un plan por el que actualmente se otorga la suma de 16.500 pesos a cambio de una contraprestación laboral en la unidad correspondiente, que puede ser una organización social, una cooperativa o los propios municipios.
El Polo Obrero ve en esa medida una arremetida del Gobierno para evitar que las organizaciones “rebeldes” sigan sumando adeptos y mantener, así, el dominio "clientelar" de los municipios del Gran Buenos Aires. Una opción en favor del “aparato” del PJ.
Sin embargo, desde las municipalidades del peronismo niegan las acusaciones. “Nosotros no tenemos nada que ver con los planes sociales”, respondieron ante A24.com desde la gestión peronista de una de las ciudades de la zona sur.
“No tenemos ese poder, todo depende de Desarrollo Social. Ojalá pudiéramos”, se permiten admitir en el PJ.
Entre los intendentes del Frente de Todos acusan al Polo Obrero de difamarlos en la cuestión del manejo de los planes. Y apuntan al corazón de la protesta: “No tienen ningún justificativo para nada de lo que hacen, son una banda”.
Es una lucha de poder que se cuela en medio de una situación de emergencia y necesidad. Y los intendentes están dispuestos a “resistir” la irrupción de los movimientos sociales como nuevos actores del territorio.
Uno de los primeros en plantarse públicamente fue Juan José Mussi, el experimentado jefe municipal de Berazategui que se manifestó en contra no sólo de los piqueteros sino también de la política de planes sociales.
“Estoy en contra de los planes, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Me pone muy contento que el Presidente haya dicho estos últimos días que no va a dar más planes; se enoje quien se enoje, esa no es la forma de salir adelante”, definió Mussi, un peronista “autónomo” que supo ser funcionario de Cristina Kirchner como titular de la Secretaría de Medio Ambiente.
En declaraciones hechas en un acto en su distrito, Mussi ratificó que “el trabajo es lo que nos permitirá salir adelante, no hay otra alternativa”.
Esta toma de posición del jefe de Berazategui como referente del PJ llega en un momento en que el Frente de Todos discute cómo afrontar el multitudinario avance de los piqueteros.
Mientras el ministro Zabaleta pidió a las organizaciones que dejen de “apretar” a los argentinos y calentó la previa de la reunión entre ambas partes prevista para este jueves, otros referentes de la coalición apoyan y hasta le “ponen el cuerpo” a la protesta, como el caso de Juan Grabois o Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán. Ambos estuvieron la semana pasada en el acmape de tres días en la 9 de Julio.
En medio de esa interna resultó sugestiva la advertencia del gobernador Axel Kicillof sobre que la situación social en el conurbano “no da para más”, lo que generó además el rechazo de la oposición que lo trató de comentarista de la realidad.
Lejos de haber un acuerdo, la "Unidad Piquetera" espera a la reunión del jueves con Zabaleta para definir los pasos a seguir.
Las organziaciones tienen definido un “plan de lucha en fases” que podría continuar con cortes de accesos, de rutas, movilizaciones como la de la 9 de Julio o acampes, todo con un despliegue federal. Dependerá de lo que esté dispuesto a ceder el Gobierno.
Una pregunta que sobrevuela en medio del conflicto es si alguna de las organizaciones sociales ligadas al kirchnerismo podría terminar plegándose a alguna de esas protestas. Por lo pronto, un conjunto de agrupaciones marcharon este martes a la sede porteña de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) para responsabilizar a ese organismo por el aumento de los precios de la canasta básica.
De esa movilización participaron sectores que integran el Frente de Todos como el Movimiento Popular La Dignidad, ATE, Espacio Puebla, Movimiento Popular Liberación y el Partido Comunista de CABA, entre otros.
Allí denunciaron a la Copal como “responsable” de los “exponenciales aumentos de los alimentos de la mesa de los argentinos, de la depredación del poder adquisitivo del salario y de la inflación en el país".
En la tarde de ese mismo martes, el Gobierno difundía un acuerdo con la CGT y la UIA para consensuar medidas contra la inflación. En el encuentro articiparon el ministro de Economía, Martín Guzmán, los dirigentes de la CGT y Daniel Funes de Rioja, presidente no sólo de la UIA sino también de la Copal, que horas antes había recibido la asonada de las agrupaciones kirchneristas.