La causa judicial por el escándalo que provocó el posteo Javier Milei sobre el lanzamiento de la criptomoneda “Libra” está enfocada en averiguar si el presidente o su hermana recibieron algún tipo de beneficio económico del grupo inversor.
La jueza Servini definirá si acepta la hipótesis de una posible ruta del dinero ¿Por qué Juan Grabois tiene acceso a la causa Libra? Las sospechas de la fiscalía.
El fiscal Taiano quiere saber si Javier Milei obtuvo ganancias con la criptomoneda (Foto: archivo)
La causa judicial por el escándalo que provocó el posteo Javier Milei sobre el lanzamiento de la criptomoneda “Libra” está enfocada en averiguar si el presidente o su hermana recibieron algún tipo de beneficio económico del grupo inversor.
Con ese objetivo, el fiscal Eduardo Taiano le pidió a la jueza Maria Servini que habilite “el análisis de la evolución patrimonial de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales”.
Previamente, le había solicitado colaboración para realizar esta tarea a su colega Maria Fernanda Bergalli, de la SIFRAI, que depende del Ministerio Público Fiscal. Entre sus funciones tiene la de brindar asesoramiento en investigaciones económicas y financieras, y elaborar propuestas para la recuperación de activos o bienes decomisados en procesos penales.
La revisión de las cuentas de los Milei y del resto de imputados dependerá de la decisión de la jueza María Servini, que quedó a cargo del caso después de que la Cámara Federal de San Martín declinó la competencia en su juzgado, ordenando que una denuncia similar en San Isidro se acumule con las que se recibieron la ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, existe otra demanda contra la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, que recayó en el juzgado de Marcelo Martinez de Giorgi. El fiscal Taiano pidió que se acumule con la investigación de Servini, pero la jueza lo rechazó y lo devolvió al magistrado original, que ahora la remitió a la Cámara Federal para que defina a quién le corresponde hacerse cargo.
En su rol de abogado de tres damnificados por la compra de cripto Libra, el dirigente social Juan Grabois también le pidió a la justicia que levante el secreto fiscal y bancario de las personas denunciadas.
Cuando el fiscal Taiano pidió la medida, Grabois lo celebró en redes sociales: “ahora podemos decir que Karina Milei -la valijera- que venía zafando, está formalmente imputada a partir del pedido de nuestra querella. La pareja de garcas va a viajar en patrullero de la Quinta de Olivos a Marcos Paz.”
La Cámara Federal lo admitió como querellante porque demostró que sus representados tienen el registro de compra del token Libra y de las transacciones en la blockchain de Solana.
La Cámara Federal de San Martín dispuso que la causa Libra se investigue en Buenos Aires, y envió al juzgado de Maria Servini el expediente que se inició en los Tribunales de San Isidro.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado había reclamado la competencia territorial argumentando que el mensaje sobre la criptomoneda fue publicado y luego borrado mientras el presidente estaba en Olivos.
Para el juez Juan Pablo Salas el tweet de Milei no es el único objeto de la investigación, también deberían revisarse los posibles actos preparatorios y posteriores que “provisoriamente fueron calificados por la fiscalía como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o tráfico de influencias que podrían haber sido ejecutados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Por fuera de lo que suceda en Tribunales, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora del caso Libra, con habilitación para citar a funcionarios del Poder Ejecutivo y solicitar informes al gobierno nacional.
Sus 28 miembros se ocuparán de examinar “la conducta del Sr. Presidente de la Nación Javier Milei que derivó en la promoción de la criptomoneda $LIBRA y en la generación de millones de dólares en ganancias para unos pocos y desconocidos inversores iniciales a costa de quienes siguieron el mensaje de la cuenta presidencial”.
La tarea de la comisión investigadora de Diputados no será vinculante con la causa en Tribunales, principalmente porque los testimonios que obtengan no cumplirán con el requisito judicial de declarar bajo juramento de decir verdad. Sin embargo, sus informes podrán ser aportados al expediente como indicios para la pesquisa.